En el sureste mexicano se repite un discurso oficial: desarrollo, plusvalía, prosperidad. Pero el modelo inmobiliario que hoy domina en Quintana Roo y Yucatán se parece cada vez más a un crecimiento sin Estado, sin planeación regional y sin responsabilidad pública.
Quintana Roo ofrece el caso más visible. Cancún ,Playa del Carmen y Tulum evidenciaron los límites del boom acelerado , replica el patrón con verticalización sin infraestructura suficiente, presión sobre servicios urbanos y desplazamiento de población local. La vivienda dejó de ser política social y se transformó en activo financiero para especulación de corto plazo.
Yucatán vive un fenómeno paralelo. La proliferación de privadas, macrolotes y desarrollos periféricos en Mérida y su zona metropolitana supera la demanda real y carece de servicios consolidados. Se vende suelo como promesa, no como ciudad. El resultado es expansión dispersa, dependencia del automóvil y presión futura sobre agua, energía y movilidad.
En ambos estados el mercado opera con opacidad. No existen padrones públicos de desarrolladores, registros accesibles de proyectos ni supervisión efectiva de preventas. La información asimétrica favorece al capital especulativo y deja a compradores y habitantes en vulnerabilidad patrimonial.
El problema no es el desarrollo, sino la ausencia de política urbana regional. Sin planeación metropolitana, sin datos abiertos y sin coordinación interestatal, la Península avanza hacia una burbuja territorial: mucho suelo ofertado, poca ciudad construida y altos costos sociales diferidos.
El discurso de prosperidad oculta un modelo frágil. La vivienda define territorio y el territorio define futuro. El problema es político: los gobiernos estatales han permitido que el mercado inmobiliario crezca sin reglas claras, sin planeación regional y sin supervisión efectiva. Los municipios han seguido otorgando permisos sin una visión metropolitana, trasladando los costos al ciudadano y a las futuras administraciones.
El sureste necesita pasar del marketing inmobiliario al orden urbano. Sin liderazgo estatal, sin coordinación interestatal y sin una política pública de vivienda, el crecimiento seguirá siendo caótico, socialmente regresivo y financieramente riesgoso. Gobernar también es poner límites al mercado. No hacerlo es hipotecar el futuro del territorio y de quienes lo habitan.
