En un estado plural y multicultural como Quintana Roo, el derecho de convivencia de las minorías no es una concesión, sino una obligación constitucional.
La riqueza social de la entidad —integrada por comunidades indígenas mayas, población migrante nacional e internacional, grupos religiosos diversos y personas de la diversidad sexual— exige un marco jurídico que garantice igualdad sustantiva y respeto efectivo.
La base normativa se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 1º prohíbe toda forma de discriminación motivada por origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, religión, preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Asimismo, el artículo 2º reconoce la composición pluricultural de la nación y protege los derechos de los pueblos indígenas a preservar su identidad y formas de organización.
En el ámbito local, la legislación estatal refuerza estos principios mediante normas de inclusión, igualdad y no discriminación, así como políticas públicas orientadas a la protección de grupos en situación de vulnerabilidad. La actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo resulta fundamental para atender quejas, emitir recomendaciones y promover una cultura de respeto.
La convivencia jurídica implica más que la simple tolerancia: supone el reconocimiento activo de derechos culturales, lingüísticos y sociales. Por ejemplo, garantizar intérpretes en procesos judiciales para personas indígenas, asegurar accesibilidad para personas con discapacidad y proteger la libertad religiosa en espacios públicos son expresiones concretas de este derecho.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de igualdad debe interpretarse bajo un enfoque de derechos humanos y control de convencionalidad, obligando a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos conforme a los tratados internacionales.
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En Quintana Roo, donde la dinámica turística y migratoria intensifica la diversidad social, el reto consiste en armonizar desarrollo económico con justicia social. La convivencia pacífica no surge espontáneamente: requiere instituciones sólidas, educación en derechos humanos y una ciudadanía comprometida con la inclusión.
Proteger a las minorías no fragmenta a la sociedad; por el contrario, fortalece el Estado de Derecho y consolida una democracia verdaderamente plural.
