“sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia”. San Lucas 18:5
El reciente intento de linchamiento ocurrido en Cozumel tras el intento de robo a una turista el domingo pasado por el lado sur de la isla, no debe analizarse únicamente como un acto de violencia colectiva.
El episodio revela algo más profundo: una crisis de confianza en el acceso efectivo a la justicia.
Cuando una comunidad intenta sustituir a las instituciones, no sólo fracasa el orden público; también se evidencia una fractura entre la promesa constitucional y la experiencia cotidiana de los ciudadanos.
El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es categórico: nadie puede hacerse justicia por sí mismo, y toda persona tiene derecho a tribunales que impartan justicia de manera pronta, completa e imparcial.
Este principio no es una formalidad jurídica; constituye la base del Estado de Derecho.
La prohibición de la justicia por propia mano existe precisamente para impedir que la emoción colectiva sustituya al debido proceso.
Sin embargo, la norma jurídica posee también una dimensión sociológica: su eficacia depende de la confianza pública.
Cuando la ciudadanía percibe impunidad, lentitud procesal, corrupción o ineficacia institucional, surge una peligrosa tentación: la justicia inmediata.
El linchamiento aparece entonces como síntoma, no como causa.
Es la reacción extrema de una sociedad que siente que la protección jurídica llega tarde o nunca.
La antigua parábola del juez injusto, narrada en el Evangelio de Lucas describe a una viuda que insiste hasta cansar a un juez indiferente.
El juez no actúa por convicción moral, ni por responsabilidad, sino por agotamiento y fastidio.
La imagen que proyecta es actual: cuando las instituciones parecen responder sólo ante la presión social, el ciudadano deja de confiar en la justicia como derecho y comienza a verla como una lucha de resistencia.
No obstante, el hartazgo social no legitima la violencia. La multitud que castiga sin juicio reproduce la misma injusticia que denuncia: elimina la presunción de inocencia y reemplaza la ley por agresión y ojo por ojo. Allí donde la turba decide, desaparecen las garantías que protegen a todos.
El desafío que deja Cozumel no consiste únicamente en condenar la reacción ciudadana, sino en fortalecer la eficacia institucional.
Una justicia lenta erosiona la legalidad; una justicia ausente pone en riesgo los derechos humanos y provoca venganza social.
Porque cuando las personas dejan de creer en los tribunales, la ley deja de ser un pacto social y se convierte en una expectativa vacía.
La verdadera paz social no se sostiene en la indignación colectiva, sino en la certeza de que la justicia —sin gritos ni violencia— sí llegará pronta y expedita.
