Fraude electoral y “guerra”
Mordazas y mayorías
Palacio: catre y hamaca
Doce años después, Andrés Manuel López Obrador reiteró la condena histórica a Felipe Calderón Hinojosa: llegado al poder en 2006 mediante un fraude electoral (apenas una diferencia oficial de medio punto porcentual), buscó “legitimidad” por la vía de la “guerra contra el narcotráfico”; lo cual abrió la puerta a la violencia creciente y salvaje que se ha vivido en México.
Pegarle “a lo tonto un garrotazo al avispero” del crimen organizado generó una gran violencia, dijo el tabasqueño al referirse al caso de los tráileres cargados con cadáveres que han sido descubiertos en Jalisco. Aún en su etapa de “Amor y Paz”, tan llena de altibajos, AMLO ha recordado la grave responsabilidad del (todavía) panista michoacano en la descomposición profunda del país.
Habrá de verse si, a partir de la toma del poder presidencial, López Obrador logra dar un giro positivo y suficientemente amplio al problema heredado. Por lo pronto, ha ido modificando sus posturas originales respecto a la participación de las fuerzas armadas en esa misma guerra, iniciada por Calderón, continuada por Enrique Peña Nieto y, por lo que se ha anunciado hasta ahora (en una maraña de declaraciones y posturas entre distintos declarantes del obradorismo, incluyendo al Jefe Máximo), reiterada, así fuera con mejores o distintas intenciones.
Del rechazo a la presencia de soldados y marinos en las calles, y el señalamiento de las violaciones a los derechos humanos que esa presencia conlleva, López Obrador ha pasado a aceptar su inevitabilidad a corto y mediano plazo, con diagnósticos de fallas policiacas y urgencias de orden que en lo básico coinciden con los planteamientos de Calderón y Peña Nieto, aunque ahora se esboce la tesis de ayudas económicas, desarrollo social y amnistías jurídicas que resten base social al imparable dominio práctico del crimen organizado.
El abrumador dominio aritmético de Morena en las cámaras legislativas propició ayer que en el Senado se tomara la decisión unilateral de recortar el tiempo disponible para que los legisladores presenten iniciativas (de diez minutos, dispondrán ahora de cinco) y fijen posicionamientos (de dos minutos, a uno).
Nada perderá la nación, en términos de reloj, con ese ahorro, pues las “discusiones” y alocuciones en las cámaras han estado predestinadas al sordo imperio de las mayorías en turno. Más ahora, cuando los números de Morena y sus aliados les dan para hacer virtualmente lo que deseen. Bien podrían reducirse las sesiones, en términos extremadamente pragmáticos, a meras confirmaciones, casi instantáneas, de que la mayoría de los votos habrán de aprobar determinados proyectos, digan lo que digan y hagan lo que hagan los opositores.
Bienvenidos a la oposición”, dijo con humor negro Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, ante las protestas de las nuevas minorías, sobre todo del PRI y el PAN, que aprovecharon la ocasión para montar un espectáculo de disenso, con tiras de papel cubriendo las bocas de quienes afirmaron, con exageración propia de la farándula política practicada en esencia por todos los partidos, ser víctimas de una “Ley Mordaza”.
La decisión, anunciada por Martí Batres, presidente de la mesa directiva del Senado, hace temer a la menguada oposición sin brújula que similares imposiciones unilaterales degraden el ejercicio legislativo. No sería sano, para las pretensiones de apariencias “democráticas” en el poder legislativo, el aplastamiento de los opositores por la vía numérica, aunque esa exclusión ha sido históricamente practicada por los partidos que ahora se quejan clamorosamente de la situación a la que las urnas les redujo.
López Obrador ha anunciado que dormirá en Palacio Nacional en un espacio reducido, pues solamente necesita acomodar su catre y una hamaca.
Diversas interpretaciones políticas ha generado la resolución de una sala del tribunal electoral federal para revisar el desenlace de los comicios gubernamentales en Puebla.
Una primera lectura propone un golpe a los intereses de Rafael Moreno Valle, el ex gobernador que ha impulsado a su esposa, Martha Érika Alonso, para que se encargue de la hacienda estatal. Alonso fue declarada ganadora de la contienda, con el firme apoyo del aparato del gobierno estatal (en manos de otro prestanombres de Moreno Valle, llamado Antonio Gali) y del tribunal electoral estatal (que cerró los ojos ante las evidencias de graves irregularidades que ahora ha señalado la instancia federal).
Otra lectura apuesta a que el “cochinero” electoral ha contado con tiempo más que suficiente para arreglos que impedirán que el tribunal federal desconozca el “triunfo” de Alonso-Moreno Valle. En ese sentido, se intentaría convalidar el resultado original. Una maniobra así, se especula, dejaría en el camino a Miguel Barbosa, el prófugo del chuchismo perredista postulado por Morena para gobernador, cuyo demérito histórico no merecería el auténtico apoyo de la cúpula del partido dominante. Además, Moreno Valle ha buscado congraciarse con el morenismo y, si queda como coordinador de la bancada senatorial del panismo, podría ser de utilidad para maniobras agradecidas.
Otro escenario apunta a la anulación de los comicios, a la destitución del aparato electoral estatal, la designación de un gobernador interino y la convocatoria a nuevas elecciones (tal es la postura oficial de Morena, acompañado por el PT y el holograma denominado PES). Si se llegara a esta conclusión, las condiciones políticas serían menos favorables para los dos contendientes actuales, la panista Alonso-Moreno Valle y el nuevo morenista Barbosa.
Cambiar de cartas y airear el ambiente político poblano podría ser una buena opción. Y, mientras las inundaciones en Sinaloa concitan atención y solidaridad nacionales, ¡Hasta el lunes!
