El caso de Eduardo Albor y Dolphin Discovery ya no es solo un tema empresarial. Es un tema de confianza pública.
Hoy tenemos tres planos distintos.
Primero, el oficial: autoridades federales hablan de investigaciones en curso, adeudos cercanos a los 200 millones de dólares, concurso mercantil y congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Eso está documentado.
Segundo, la postura corporativa: la empresa sostiene que se trata de un proceso de reestructura financiera, que la operación continúa y que existe presunción de inocencia. También es válido dentro del marco legal.
Y tercero, la versión que circula en redes y pasillos empresariales: que todo podría derivar de un conflicto interno entre socios, donde Albor tendría una participación minoritaria y accionistas mayoritarios buscarían desplazarlo. Incluso se mencionan intereses estadounidenses detrás. Hasta ahora, esa narrativa no cuenta con confirmación oficial ni respaldo documental público.
Aquí es donde debemos aterrizar.
Podemos debatir si es un problema financiero, penal o corporativo. Podemos discutir si hay disputa entre accionistas. Lo que no podemos permitir es que el ruido opaque lo esencial:
Y Quintana Roo no puede darse el lujo de perder credibilidad.
Somos un estado que vive del turismo, de la inversión, de la percepción internacional. La confianza es nuestro principal activo. Si las autoridades actúan, deben hacerlo con pruebas y transparencia. Si la empresa se defiende, debe hacerlo con claridad documental. Si existen conflictos internos, deben resolverse en tribunales, no en especulación mediática.
Porque cuando la narrativa se llena de teorías sin sustento, quien paga el costo es el destino.
No se trata de elegir bando.
Se trata de exigir certeza.
Si hubo irregularidades, que se demuestren.
Si no las hubo, que se aclare.
Si es un pleito entre socios, que lo resuelvan legalmente.
Lo que no conviene es que la conversación pública se base en rumores mientras la marca Quintana Roo queda en medio.
El desarrollo no solo se construye con inversiones millonarias. Se construye con instituciones sólidas y con procesos que se entienden.
La justicia debe ser firme.
La empresa debe ser transparente.
La opinión pública debe ser responsable.
Porque al final del día, más allá de nombres propios, lo que está en juego no es solo el futuro de un corporativo.
Es la confianza en nuestro estado.
Y esa, simplemente, no es negociable.
