A las diputaciones (y candidaturas) que se asignan específicamente por razón de género, discapacidad, pueblos indígenas ,comunidad LGBT+ , (entre otros) se les denomina Acciones Afirmativas.
Nacieron como una herramienta de justicia correctiva. Su objetivo es garantizar representación política a grupos históricamente excluidos en sistemas donde la desigualdad limita el acceso al poder.
En Quintana Roo, el mecanismo parece haber sido secuestrado por la simulación política. Diputaciones asignadas bajo acciones afirmativas fueron ocupadas por personas que no pertenecen a los grupos que dicen representar. No son indígenas, no viven con discapacidad ni forman parte de la diversidad sexual. Aun así, ocuparon espacios reservados para quienes sí enfrentan barreras de acceso a la política.
El marco legal es claro. El INE y los organismos públicos locales, como el IEQROO, establecen que estas candidaturas deben acreditar pertenencia mediante autoadscripción calificada, constancias comunitarias o elementos objetivos de vinculación real. El Tribunal Electoral ha sostenido que la autoadscripción no puede ser solo declarativa, sino verificable.
En la práctica, ese principio se ha relajado. Se validaron registros con pruebas débiles, sin mecanismos robustos de verificación. El resultado: perfiles políticos tradicionales ocupando curules diseñadas para comunidades históricamente excluidas.
En la pasada integración legislativa se registraron candidaturas afirmativas que no acreditaron vínculo territorial indígena, ni diagnóstico de discapacidad, ni pertenencia comprobable a la diversidad sexual. Aun así, fueron validadas bajo interpretaciones laxas del principio de autoadscripción, abriendo la puerta a la simulación institucional.
El daño es doble: se engaña al electorado y se desplaza a quienes legítimamente debieron ocupar esos espacios. Un escaño indígena representa territorio y cosmovisión. Una persona con discapacidad legisla desde barreras. La diversidad sexual aporta perspectiva en derechos civiles. Suplantar esas voces es borrar realidades.
Los partidos tienen responsabilidad directa, pero también las autoridades electorales que validan registros sin filtros estrictos y los legisladores que aceptan una representación simbólica que no les corresponde. La simulación afirmativa no es inclusión; es corrupción política hoy.
Un Congreso que finge inclusión es un Congreso que excluye dos veces.!
