En Quintana Roo, la carrera por la gubernatura de 2027 ya comenzó, aunque el calendario electoral diga otra cosa.
Desde hace meses, los actores políticos más visibles del estado parecen más concentrados en promover su imagen que en cumplir con sus obligaciones actuales.
La administración pública se ha convertido en un escenario de campaña anticipada.
Secretarios, alcaldes, legisladores y hasta funcionarios federales se mueven como si ya estuvieran en contienda: giras disfrazadas de trabajo, espectaculares con mensajes “institucionales”, ruedas de prensa para presumir logros ajenos y una avalancha de publicaciones en redes donde cada acción pública se narra como si fuera un spot electoral.
Mientras tanto, los problemas del estado siguen ahí, sin pausa ni atención suficiente. Inseguridad, movilidad, basura, vivienda, salud, educación y medio ambiente son temas que requieren gestión diaria, no cálculos políticos. Pero en la lógica de quienes ya se sienten candidatos, los resultados pueden esperar… el posicionamiento, no.
La gobernadora Mara Lezama prometió encabezar un gobierno de transformación, pero enfrenta el desafío de contener a su propio equipo, que ha convertido la lealtad política en una moneda de cambio rumbo a 2027. En ese contexto, los municipios padecen abandono, los proyectos se ralentizan y las prioridades se diluyen entre reuniones, selfies y discursos triunfalistas.
El ciudadano común, ajeno al ajedrez político, percibe el desgaste: calles sin mantenimiento, inseguridad cotidiana, trámites eternos. Y mientras la clase política se distrae con su futuro, la gente sigue esperando que alguien gobierne el presente.
Adelantar la sucesión no es solo un error de estrategia, es un signo de irresponsabilidad. Gobernar implica asumir el tiempo que se tiene, no usarlo como trampolín para el siguiente cargo. Quintana Roo necesita servidores públicos que trabajen, no aspirantes eternos. Porque cuando todos quieren ser gobernadores, nadie se ocupa de gobernar.
