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febrero 08, 2026

Rezago legal y falta de peritos frenan los casos de violencia vicaria en Q. Roo

Quintana Roo

Rezago legal y falta de peritos frenan los casos de violencia vicaria en Q. Roo

Paloma Wong / Grupo Cantón 

Los procesos judiciales por violencia vicaria en Quintana Roo enfrentan rezagos por la falta de armonización con el marco federal de igualdad sustantiva

Chetumal.— Los procesos judiciales por violencia vicaria en Quintana Roo enfrentan hoy un rezago en la armonización de la ley estatal con las nuevas disposiciones federales de igualdad sustantiva que definen con mayor precisión esta conducta como violencia de género contra las mujeres y la insuficiencia de personal técnico especializado.

En la Fiscalía y en el Poder Judicial no existen peritos suficientes en la materia, lo que frena la integración y avance de las investigaciones.

Quintana Roo enfrenta rezagos en la atención de violencia vicaria

En la entidad como en varios estados del país persisten diferencias de enfoque legal, limitaciones técnicas y avances lentos en la judicialización de los casos.

A nivel federal, las disposiciones más recientes encuadran la violencia vicaria de manera específica como violencia de género cometida por hombres contra mujeres.

Aunque Quintana Roo tipificó la violencia vicaria como delito desde agosto de 2022.

Especialistas y organizaciones civiles señalan que la redacción local quedó anclada a criterios previos al estándar federal más reciente.

Esto ha generado diferencias jurídicas que pueden derivar en interpretaciones dispares por parte de ministerios públicos y juzgados.

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El avance normativo ha sido desigual a nivel nacional.

Según reportes legislativos y especializados, alrededor de 22 entidades ya han incorporado la violencia vicaria en sus códigos penales, mientras que al menos 10 estados aún no la han tipificado formalmente.

Entre ellos se encuentran Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Chihuahua.

Otro grupo de estados, entre ellos Quintana Roo, sí tipificó la violencia vicaria, pero la redacción no armoniza plenamente con el estándar federal.

Las autoridades no reconocen de manera expresa esta conducta como violencia de género

A nivel local, las autoridades vinculan esta conducta a violencia familiar y dejan abiertos los supuestos sobre el sujeto agresor.

Generando interpretaciones dispares en los ministerios públicos y juzgados.

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Organizaciones civiles alertan por baja visibilidad del delito en Quintana Roo

Colectivos sostienen que el reconocimiento legal limita la atención y la judicialización de los casos

Muchas víctimas acuden primero a organizaciones civiles debido al desconocimiento del proceso de denuncia y de los elementos que configuran este tipo de violencia.

Datos públicos indican que durante 2025 se reportaron alrededor de 70 denuncias relacionadas con violencia vicaria y retención indebida de menores en la entidad.

En enero de 2026 se contabilizaron al menos 10 carpetas de investigación en trámite.

Solo en diciembre pasado se registraron tres vinculaciones a proceso por este delito, cifra inferior a otros ilícitos de violencia familiar.

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Escasez de peritos especializados impacta investigaciones

Organizaciones advierten que varios casos se registran bajo otras figuras, como sustracción de menores o violencia familiar.

Lo que reduce su visibilidad estadística y tratamiento especializado.

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Uno de los factores que más afecta el avance de las carpetas es la falta de personal técnico especializado.

Amira Cárdenas Tuyub, presidenta del Frente Nacional de Mujeres en Quintana Roo, señaló que la carencia de peritos con formación específica impacta directamente los tiempos de integración de los expedientes.

“Actualmente, en la Fiscalía General del Estado y en el Poder Judicial no existen peritos especializados suficientes en violencia vicaria,

y eso frena el avance de las investigaciones”, afirmó.

Añadió que la situación ha provocado demoras desde la entrada en vigor del tipo penal:

“Los casos denunciados por mujeres avanzan con lentitud por la falta de peritos especializados”.

Según la experiencia de acompañamiento del Frente Nacional de Mujeres en Quintana Roo, la violencia vicaria suele preceder a múltiples agresiones.

Cárdenas Tuyub explicó que forma parte de una cadena de conductas previas:

“La violencia vicaria es la violencia ejercida hacia la mujer utilizando a sus hijos, antecediendo violencia física, psicológica, económica, patrimonial y sexual. Incluso vemos casos con tentativa de feminicidio, porque el agresor desarrolla una serie de tormentos contra su víctima”.

La describió como una fase extrema del ciclo de violencia:

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“Es el antecesor de todas las violencias y, finalmente, el arrebato de los hijos o hijas”. Consideró que aún existen retos en la valoración judicial integral:

“A tres años de la reforma, no todos los jueces comprenden que las mujeres han vivido múltiples violencias antes de llegar a esta situación”.

De acuerdo con cifras del Frente Nacional de Mujeres en Quintana Roo, durante 2025 registraron o acompañaron 25 denuncias en el estado.

Principalmente en Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar y Chetumal.

La organización llamó a las víctimas a buscar apoyo institucional y comunitario:

“Es importante que las mujeres denuncien y busquen redes de apoyo para salir adelante. Quedarse calladas no ayuda a romper el círculo de violencia”.

Señalaron que intentos de configurar este delito sin acreditar violencias asociadas no han prosperado-

La autoridad reclasificó la conducta al no comprobar violencia sexual, económica o patrimonial.

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Colectivos piden adecuar la ley estatal al estándar federal

El Colectivo Xtabay informó que ha recibido alrededor de 400 reportes o solicitudes de acompañamiento relacionados con posibles casos de violencia vicaria

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Un aumento respecto a los cerca de 250 reportados entre 2022 y 2024.

Muchos casos no llegan a denuncia formal y otros se clasifican bajo figuras distintas.

Organizaciones civiles y asesoras jurídicas coinciden en que el siguiente paso es armonizar las leyes estatales con el marco federal de igualdad sustantiva.

Para lograr con mayor certeza jurídica, mejor clasificación de casos y una actuación más uniforme de las autoridades.

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