Roberto Lemus / Grupo Cantón
Colaboradores señalan que la empresa BB Condos habría dejado pagos y prestaciones pendientes tras finalizar abruptamente su administración.
Tulum.— Trabajadores del condominio Ophelia hicieron pública su denuncia luego de que, tras el reciente cambio de administración, la empresa BB Condos presuntamente se deslindara de sus obligaciones laborales, dejando a más de ocho colaboradores sin certidumbre sobre sus pagos y prestaciones. Según relataron, la transición administrativa ocurrió sin planificación ni comunicación adecuada, afectando directamente al personal operativo.
De acuerdo con los empleados, durante los últimos días previos a la salida de la empresa, laboraron alrededor de 10 días sin recibir salario, y no se les entregó aguinaldo, vacaciones ni liquidación, prestaciones que consideran debieron haberse cubierto conforme a ley. Agregaron que ninguno de ellos contaba con contrato formal por escrito, lo que atribuyen a omisiones de la administración saliente.
Los colaboradores aseguran que el aviso sobre la finalización de la relación laboral se dio de manera improvisada, mediante un documento carente de elementos oficiales y con inconsistencias. Dicho escrito, afirmaron, habría sido emitido por Víctor García, quien se identificaba como gerente de BB Condos. En tanto, señalaron que el propietario de la empresa, Gabriel Bergas, no se presentó para atender la situación ni ofrecer una explicación directa al personal afectado.
Ante la falta de respuesta de la empresa, los trabajadores decidieron acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde ya iniciaron un proceso formal para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales. Actualmente se encuentran a la espera de que la autoridad determine las responsabilidades y emita las resoluciones correspondientes.
Los empleados destacaron que su intención no es únicamente recuperar los pagos pendientes, sino también evidenciar la falta de profesionalismo con la que —aseguran— se manejó el cambio de administración. Señalan que la incertidumbre económica generada afecta directamente a sus familias y recalcaron que continuarán con el procedimiento legal hasta obtener una respuesta satisfactoria.
