La XVIII Legislatura aprobó el decreto en materia de prisión preventiva oficiosa que incluye el delito de extorsión
Paloma Wong / Grupo Cantón
CHETUMAL.– Por mayoría, la XVIII Legislatura aprobó el decreto en materia de prisión preventiva oficiosa que incluye el delito de extorsión, considerado uno de los principales flagelos que afecta a la entidad.
La reforma busca robustecer las herramientas legales para combatir este delito, que ha sido un constante motivo de preocupación para autoridades y ciudadanos.
El aval fue dado a la minuta enviada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la cual propone reformar el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Este ajuste amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluyendo la extorsión, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y justicia para las víctimas.
El diputado local Alberto Batum, destacó la relevancia de esta reforma, subrayando que la extorsión es una práctica que impacta gravemente a empresarios, comerciantes y familias en el estado.
Al establecer prisión preventiva oficiosa para quienes sean acusados de este delito, se espera desincentivar su comisión y proteger a las comunidades más vulnerables.
PROMOTOR DE PRISIÓN PREVENTIVA
“Yo fui uno de los promotores de que hoy la prisión preventiva oficiosa se aplique al delito de extorsión, que es un sentir de muchos empresarios de Quintana Roo, pues trabajamos con varios empresarios de la entidad y hoy es una realidad”, apuntó.
La minuta fue discutida antes de ser sometida a votación, obteniendo el respaldo mayoritario del pleno legislativo ya que este flagelo no solo afecta a los negocios, sino que también a las familias.
Los legisladores señalaron que esta medida refuerza el compromiso de Quintana Roo con la lucha contra el crimen organizado y los delitos que afectan la paz social y el desarrollo económico.
Asimismo, se enfatizó que la reforma no solo representa un avance en el ámbito local, sino que forma parte de un esfuerzo nacional para enfrentar con mayor contundencia delitos de alto impacto.
Este cambio constitucional busca generar mayor confianza en el sistema de justicia y fortalecer el estado de derecho.
ARMA DE DOBLE FILO
Sin embargo, algunos sectores de la sociedad y especialistas en derechos humanos han señalado que la prisión preventiva oficiosa puede ser un arma de doble filo, al generar riesgos de abuso y afectar los derechos fundamentales de los acusados.
Pese a estas inquietudes, los legisladores locales respaldaron el decreto, destacando que la prioridad es la seguridad ciudadana.
Con la aprobación de este decreto, el diputado local dijo que Quintana Roo se alinea con la reforma impulsada a nivel federal, consolidando un marco jurídico que promete enfrentar con mayor eficacia la extorsión y otros delitos que amenazan la tranquilidad de la población.
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