Paloma Wong/Grupo Cantón
Diputados señalan que el juicio político contra el exsecretario de Finanzas podría ser improcedente por vencimiento de plazos legales, aunque la Comisión Instructora deberá determinar su viabilidad.
Chetumal.- El juicio político en contra de Juan Pablo Guillermo Molina, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, presuntamente es inviable; sin embargo, corresponderá a la Comisión Instructora definirlo, aseveró el diputado Hugo Alday Nieto. Por su parte, la presidenta de esta comisión, la diputada Lilia Inés Miss, omitió dar información al respecto.
El pasado lunes, la XVIII Legislatura aprobó por mayoría la creación de la Comisión Instructora que analizará el juicio político en contra de Juan Pablo Guillermo Molina, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado. Esta comisión quedó integrada por los diputados Lilia Inés Miss, Jorge Cabrera Tinajero y Diana Gutiérrez García, quienes evaluarán la procedencia del recurso interpuesto por Fabiola Cortés Miranda, en representación de la persona moral “Somos tus Ojos Transparencia por Quintana Roo”.
Al ser cuestionada, la diputada local Lilia Inés Miss evitó dar información, al señalar que no pretende entorpecer el proceso. No obstante, esta postura ha sido recurrente ante medios de comunicación en las últimas semanas.
“Estamos en el análisis; en breve daremos la información correspondiente para no obstaculizar el proceso. En eso estamos”, declaró brevemente antes de ingresar al Pleno del Poder Legislativo, sin responder a los cuestionamientos.
Por su parte, el diputado Hugo Alday Nieto precisó que, desde su perspectiva, el juicio político contra Guillermo Molina es inviable, debido a que habría prescrito conforme a los plazos establecidos en la ley, aunque reiteró que será la Comisión Instructora quien determine la viabilidad.
“El tema en específico es que la comisión tiene la función de analizar si es viable o no. En realidad, desde mi punto de vista no hay viabilidad, porque la Constitución del Estado establece un plazo de un año después de dejar el cargo público para iniciar un juicio político, y considero que ya prescribió”, explicó.
Sin embargo, subrayó que el Congreso del Estado está obligado a conformar la comisión para atender una resolución de un Tribunal Colegiado e iniciar el proceso correspondiente, ya que la respuesta debe emitirse mediante un informe para evitar incurrir en desacato.
Finalmente, Alday Nieto reiteró que, aunque el análisis debe realizarse, las posibilidades de indagar a fondo son limitadas por los términos legales. En caso de existir alguna consecuencia, esta sería una inhabilitación, aunque el exfuncionario ya no se encuentra en la función pública desde hace varios años.
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