Redacción / Grupo Cantón
Tulum.— Un nuevo caso de cobro irregular en el servicio de taxi volvió a encender la inconformidad de usuarios en Tulum, luego de que un pasajero denunciara públicamente que la unidad 353, del sitio Mayan Monkey y con logotipos de Eiby, portaba varios tarifarios distintos para las mismas rutas, todos con precios diferentes.
De acuerdo con la publicación, el conductor intentó cobrar más de 300 pesos por un recorrido menor a dos kilómetros. Cuando el pasajero cuestionó el monto y trató de fotografiar las listas de precios, el operador le negó el derecho a registrar la evidencia, argumentando supuestas “políticas internas”. Incluso, pese a haber iniciado el trayecto, decidió cancelar el servicio y pidió al usuario descender de la unidad.
El afectado solo logró grabar uno de los tarifarios, mientras que los demás fueron retirados o cubiertos de inmediato. Las listas —impresas en español e inglés— mostraban cifras distintas para rutas similares, sin ninguna explicación oficial ni referencia a un tabulador autorizado por la autoridad municipal.
El único documento que pudo ser captado incluye la firma de Manuel Enrique Solís Alcocer, secretario general del sindicato Tiburones del Caribe. Sin embargo, hasta el momento el dirigente no ha presentado públicamente un tarifario unificado ni una vía oficial para verificar el costo real de los traslados. En semanas recientes había anunciado que los tabuladores serían distribuidos en hoteles, comercios y puntos turísticos, pero esto no se ha concretado.
La falta de un tabulador único y visible ha provocado que cada operador utilice su propia versión, lo que permite variaciones en los cobros y deja al usuario sin referencia clara para identificar tarifas correctas. Esta situación ocurre en plena temporada alta, cuando miles de turistas utilizan el transporte local y las quejas por tarifas elevadas aumentan en redes sociales.
Residentes y visitantes coinciden en que la ausencia de regulación efectiva facilita abusos y genera desconfianza hacia el servicio. Mientras tanto, el caso de la unidad 353 se suma a una lista creciente de denuncias que exigen a las autoridades y al sindicato una intervención clara para transparentar el cobro y frenar prácticas irregulares.