Paloma Wong / Grupo Cantón.
El fiscal general, Raciel López Salazar, menciona que existen evidencias sólidas para mantener bajo prisión preventiva al presunto homicida.
Chetumal.- La situación legal de Francisco Clemente “N” está en manos de un Juez de Control y no se litiga en los medios de comunicación, ni con bloqueos, aseguró el fiscal general, Raciel López Salazar, al mencionar que existen evidencias sólidas para mantener bajo prisión preventiva al presupuesto homicida.
De acuerdo con la carpeta de investigación y a la necropsia de Ley aplicada, Ramiro “N”, un enfermero residente de Chetumal, falleció de un traumatismo toráxico cerrado contuso, es decir le propiciaron golpes en el pecho y post-mortem le dieron un tiro en la cabeza.
De acuerdo a lo relatado por el fiscal en la conferencia de la mesa de Seguridad de este lunes, Ramiro salió de la ciudad el pasado 13 de abril rumbo al poblado Felipe Ángeles para visitar a su padre.
En el camino sufrió la ponchadura de una llanta y fue visto por última vez en Nicolás Bravo, donde informó a su madre —vía telefónica desde Estados Unidos— que había comprado una llanta de refacción. A partir de ese momento, sus familiares perdieron contacto con él.
Ese mismo día, se reportó el incendio de un vehículo con características similares al suyo, en un tramo carretero frente al Bachilleres de Nicolás Bravo. Al no localizarlo, sus familiares acudieron el 14 de abril a la Fiscalía del Estado en esa localidad para denunciar su desaparición.
Como resultado, se emitió una ficha de búsqueda y se activó un operativo coordinado entre distintas instituciones de seguridad y rescate, recorriendo comunidades cercanas como Tres Garantías, Nicolás Bravo y Francisco Villa.
Las investigaciones revelaron que Francisco Clemente fue la última persona que tuvo contacto con Ramiro -quienes supuestamente se conocen desde hace 12 años-, lo acompañó en busca de una vulcanizadora en Francisco Villa.
Posteriormente, se trasladaron juntos hacia Nicolás Bravo, donde fue hallado el cuerpo sin vida del enfermero en una zona de terracería.
El cadáver presentaba golpes contusos en el tórax y una herida post mortem por arma de fuego en la cabeza, además de encontrarse en el lugar un casquillo calibre 9 mm.
Durante un cateo en el domicilio de Francisco Clemente, las autoridades aseguraron un arma de fuego abastecida con nueve cartuchos útiles del mismo calibre, de uso exclusivo del Ejército, así como una motocicleta y dos placas metálicas dañadas que corresponden al vehículo del occiso.
Las pruebas balísticas confirmaron que el casquillo hallado en el lugar del hallazgo del cuerpo fue disparado por dicha arma.
El juez de control fue el que impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a Francisco Clemente “N”.
López Salazar subrayó que las evidencias presentadas son contundentes, y reiteró que la inocencia o culpabilidad debe probarse en el proceso legal correspondiente, sin politizar el caso ni recurrir a bloqueos o presiones mediáticas.
