Paloma Wong / Grupo Cantón
Los vecinos exigen a las autoridades estatales y municipales hacer cumplir la resolución judicial y garantizar el acceso al servicio básico.
Chetumal.- Al menos dos mil habitantes enfrentan actualmente la falta de agua potable en el Fraccionamiento Andara en Chetumal, debido a restricciones impuestas por el empresario Sergio Zapata Vales, quien continúa prohibiendo la instalación de tinacos y cisternas en las viviendas a pesar de que un juez determinó que el fraccionamiento ya se encuentra municipalizado y, por lo tanto, debe recibir servicios públicos de manera regular por parte del Estado.
Desde el 2023 el Ayuntamiento de Othón P. Blanco inició con la municipalización del Fraccionamiento Residencial Andara de Chetumal, esto tras un amparo que ganaron los habitantes del lugar para poder servicios públicos gratuitos y no de parte del empresario Sergio Zapata Vales, quien elevó los precios de algunos servicios.
A pesar de que un juez determinó que el fraccionamiento en mención ya se encuentra municipalizado, existe negativa de parte del desarrollador por llevar a cabo obras que permitan servicios públicos básicos, el más elemental el suministro de agua potable, declaró Bruno Cárcamo Arvide, habitante de la residencial.
El problema dijo se agrava porque las viviendas fueron diseñadas estructuralmente para no soportar tinacos en los techos, lo que impide a las familias almacenar agua de manera segura, esto genera que los habitantes dependan exclusivamente del suministro controlado por la empresa vinculada al propio Zapata Vales.
Esto ha llevado a que las familias no tengan agua por un periodo de 12 horas, es decir de 7 de la noche a 7 de la mañana no tienen el vital liquido ya que la presión no llega, y tampoco pueden almacenar agua, ya que no han podido colocar un tinaco o cisterna.
“Tenemos una problemática cuando hay fallas o problemas en el suministro, esto se hace mucho más evidente por la negativa del señor Zapata que prohibió que las casas en Andará tengan algún tinaco o algo, está absolutamente prohibido e incluso si se pone llega y te lo quitan aun este en tu propiedad”, abundó.
Cárcamo Arvide aseguró que la postura de Zapata Vales contradice la resolución judicial que reconoce la municipalización del fraccionamiento y el derecho de los habitantes a recibir servicios públicos sin condicionamientos privados. Por lo tanto, los afectados hicieron un llamado a las autoridades estatales y municipales para que hagan valer la resolución judicial, garanticen el acceso al agua potable y revisen las condiciones en las que se autorizó el diseño de las viviendas.
