Manuel Baeza / Grupo Cantón
A casi un año de que se anunciara la apertura de consultas especializadas en la Casa de la Mujer de la colonia Lombardo Toledano, el consultorio permanece vacío.
Cancún.- El reloj de la salud pública sigue detenido para la comunidad trans en Benito Juárez, donde la promesa de un servicio de endocrinología gratuito parece haberse desvanecido entre trámites burocráticos.
A casi un año de que se anunciara la apertura de consultas especializadas en la Casa de la Mujer de la colonia Lombardo Toledano, el consultorio permanece vacío, dejando a decenas de personas en una vulnerabilidad que trasciende la falta de atención médica.
En marzo de 2025, la inauguración de este recinto despertó una esperanza histórica: el acompañamiento profesional para procesos de hormonización. La meta era clara: ofrecer atención semanal a mayores de edad para erradicar la peligrosa automedicación, una práctica común ante la falta de opciones accesibles.
Sin embargo, lo que se proyectó como el primer paso hacia una Unidad de Salud Integral Diversa (USID), actualmente es solo un proyecto en pausa.
El esquema original, coordinado por el Instituto Municipal de la Mujer y la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual, prometía no solo endocrinología, sino urología y salud mental.
Se buscaba establecer alianzas con farmacias para garantizar medicamentos a bajo costo, configurando un refugio de salud 100% gratuito que debía entrar en funciones en abril del año pasado; un cronograma que no se cumplió.
La barrera principal, es la alarmante escasez de especialistas capacitados en transición de género.
En su momento, Nohamy Hermida, directora de la Diversidad Sexual en Benito Juárez, reportó la dificultad para contratar endocrinólogos con este perfil específico.
Mientras las autoridades exploran alternativas desesperadas, como las teleconsultas o la contratación de especialistas para jornadas sabatinas, la comunidad trans se ve obligada a seguir esperando.
El acompañamiento profesional, esencial para monitorear riesgos y garantizar la seguridad física, sigue siendo un lujo inalcanzable.
La urgencia no es solo administrativa, es de vida o muerte. La falta de supervisión médica profesional empuja a los usuarios a protocolos informales, lo que aumenta el riesgo de complicaciones graves.
La demanda de los colectivos es contundente: exigen que los compromisos de inclusión dejen de ser discursos políticos y se conviertan en realidades clínicas antes de que los daños colaterales sean irreversibles.
Pese al estancamiento, el gobierno municipal insiste en que el proyecto es una prioridad absoluta en la agenda de derechos humanos.
