Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo, afirmó que este gobierno se toma decisiones escuchando al pueblo
AGENCIA SIM / Grupo Cantón
CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinoza justificó la denuncia penal contra Aguakan y reiteró que en su gobierno se toman decisiones escuchando al pueblo”.
Entrevistada en la Universidad Politécnica donde entregó mobiliario y equipo de cómputo, la gobernadora señaló que su gobierno está avanzando en el proceso en contra de la concesionaria.
La mandataria afirmó que los quintanarroenses se merecen un servicio de calidad que se demuestre todos los días con hechos.
“Quiero ser muy cuidadosa porque estamos en medio de un proceso legal, yo solamente creo que ante el derecho debe prevalecer la justicia, y la justicia para las y los quintanarroenses es tener un servicio de calidad que se demuestre en los hechos”, puntualizó.
Sostuvo que su gobierno escucha al pueblo y con base en eso se toman las decisiones.
“Es muy claro lo que quiere la gente”, señaló.
Agregó que el litigio que sostiene el gobierno estatal con Aguakan ha sido proceso muy largo, en el cual se está buscando lo mejor para los ciudadanos.
Al ser cuestionada sobre la capacidad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) para hacerse cargo del servicio en caso de ser revocada la concesión de Aguakan, la gobernadora se limitó a decir que todas las decisiones que toma el gobierno tienen un análisis muy claro y minucioso para poder afrontar cualquier situación.
Estas declaraciones se dan luego de que en un comunicado, Aguakan afirmó que la gobernadora había sido mal informada en relación con los hechos objeto de la demanda que interpuso en contra de la empresa, ya que considera que no hay sustento jurídico para revocar la concesión otorgada hasta el 2053.
PROCESO LARGO
La empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), propietaria de la concesionaria Aguakan considera que la gobernadora Mara Lezama Espinoza “ha sido mal informada” en torno a la ofensiva legal contra la empresa, sus directivos y consejeros, ocurridos hace más de una década.
En un comunicado, la empresa informó a sus inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que la autoridad estatal interpuso una denuncia penal en contra de funcionarios y consejeros.
Asimismo, indica que la demanda pone en riesgo, recursos de 22.5 millones de pesos de trabajadores que participan en el capital de Aguakan a través de las Afores Banamex, Sura, Principal y Pensionissste, así como del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN).
“Todas las acciones relacionadas al nuevo contrato se realizaron de manera transparente y conforme a la ley, como la aprobación del Consejo Directivo de la CAPA, los cabildos de los municipios y el Congreso del Estado de Quintana Roo, por lo que la empresa confía en que los tribunales demostrarán que se actuó de manera correcta y que el Estado de derecho en Quintana Roo se respeta”, expresa Aguakan en su comunicado
Por su parte, a través de la publicación de un evento relevante en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Aguakan informó a sus inversionistas que la denuncia se basa en supuestos hechos ocurridos en 2014, en torno a una modificación de la concesión que tiene la empresa para prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad del Estado de Quintana Roo.
La compañía señala que no hay sustento jurídico en los hechos que se investigan, ya que en ese año Aguakan y el Gobierno estatal acordaron ampliar el plazo de la concesión hasta 2053 e incluir el servicio de agua en Solidaridad.
