Con drones y operativos más violentos, migrantes y residentes organizan redes comunitarias para alertar, proteger y registrar violaciones a derechos humanos.
REDACCIÓN / GRUPO CANTÓN
Ante el incremento de redadas y presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por el Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), comunidades migrantes y ciudadanos en Chicago se han organizado para actuar como “patrulleros” comunitarios. Su objetivo: vigilar operativos, alertar a familias y documentar agresiones que, denuncian, terminan separando hogares o provocando desapariciones.
La escalada de tácticas empleadas por ICE —incluido el uso de drones para identificar y localizar a personas en situación migratoria irregular— ha obligado a los patrulleros a diseñar nuevas medidas de prevención. Entre ellas, recomiendan el uso de mascarillas para evitar el reconocimiento facial y desalientan salir de casa durante operativos.
Jessica Linares, mexicana con más de dos décadas residiendo en Chicago, es una de las patrulleras activas. Asegura que los operativos “cada vez se vuelven más violentos” y que la tecnología utilizada por autoridades federales facilita deportaciones exprés. “Avisamos a nuestras comunidades las posiciones de migración y exhortamos a que no salgan. Si es necesario, utilicen mascarillas. También entregamos kits de silbatos para que los usen en caso de detención”, explica.
Otra de sus tareas es recorrer calles para identificar la presencia de agentes de ICE y emitir alertas inmediatas a las familias en riesgo. Además, organizan talleres semanales de “MigrateWatch”, donde incluso concejales locales enseñan estrategias de seguridad y protocolos comunitarios de respuesta.
Uno de los pilares de su labor es registrar en video todo lo que ocurre durante los operativos. Según denuncian, agentes de ICE han evitado activar sus body cams argumentando desconocimiento de su uso, por lo que los patrulleros se han convertido en los principales documentadores. “Grabamos placas, autos y lo que hacen en la calle. Cambiar placas es ilegal, y también el uso de gas lacrimógeno, pero hay evidencia de que siguen usándolo”, señalan.
Pese a que han presentado quejas acompañadas de grabaciones, afirman que hasta ahora no han recibido respuesta de las autoridades. Incluso ellos mismos han sido víctimas de agresiones. Linares relata un episodio reciente en el que una compañera fue interceptada durante una patrulla, golpearon su vehículo y la obligaron a bajar. “La acusaron de bloquear su trabajo. Horas más tarde fue liberada porque es ciudadana estadounidense”, cuenta.
