Redacción / Grupo Cantón
El gobernador denunció que Río enfrenta “una guerra que nada tiene que ver con la seguridad pública” y reclamó apoyo del Ejército
Brasil.- Las favelas de Río de Janeiro despertaron el martes bajo el sonido de helicópteros, sirenas y ráfagas de disparos. Desde la madrugada, unos 2.500 agentes de distintos cuerpos de seguridad se desplegaron en los complejos de Penha y Alemão, dos de las zonas más densamente pobladas y conflictivas de la capital carioca. El objetivo: desmantelar la cúpula del Comando Vermelho (CV), una de las facciones más poderosas del narcotráfico en Brasil, junto al Primeiro Comando da Capital (PCC).
Hasta el anochecer, el balance oficial ascendía a 64 muertos —60 presuntos delincuentes y cuatro policías— y 81 detenidos, aunque las autoridades advirtieron que la cifra podría aumentar debido a los enfrentamientos que continuaban en algunos sectores.
El gobernador Cláudio Castro calificó la acción como “la mayor ofensiva jamás realizada contra el Comando Vermelho” y aseguró que los criminales ofrecieron una resistencia inédita, utilizando drones armados y barricadas para frenar el avance policial.
El operativo, coordinado entre la Policía Civil y la Militar, tenía como objetivo capturar a líderes del tráfico de drogas y armas que, según inteligencia, planeaban expandir su dominio hacia el norte de la ciudad.
Los agentes incautaron más de 50 fusiles de asalto, gran cantidad de municiones y drogas, según confirmó Castro en una entrevista con CNN Brasil.
En redes sociales circularon imágenes de auténtico escenario de guerra: vehículos blindados abriéndose paso por callejones estrechos, helicópteros sobrevolando techos de chapa y columnas de humo negro elevándose sobre las colinas.
El gobernador denunció que Río enfrenta “una guerra que nada tiene que ver con la seguridad pública” y reclamó apoyo del Ejército y del gobierno federal de Luiz Inácio Lula da Silva, asegurando que “Río está sola”.
La violencia provocó un caos en la ciudad. La empresa RioOnibus informó que al menos 50 autobuses fueron robados y utilizados por los narcotraficantes para bloquear calles y avenidas. Varias líneas modificaron sus rutas para evitar los tiroteos, lo que causó largas filas en estaciones de tren y metro.
El alcalde Eduardo Paes garantizó que el transporte público seguiría operando y extendió horarios para evitar que la ciudad “se convierta en rehén de los grupos criminales”.
El operativo ocurre a pocas semanas de dos eventos internacionales clave: la conferencia climática COP30, que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en Belém, y el foro C40, que tendrá lugar en Río la próxima semana.
Fuentes citadas por Reuters indicaron que el gobierno busca reforzar la imagen de seguridad antes de ambos encuentros, aunque el alto número de víctimas ha desatado un intenso debate político y social.
Organizaciones de derechos humanos y vecinos de las favelas denunciaron posibles abusos policiales, evocando la tragedia de Jacarezinho (2021), donde una operación similar dejó 28 muertos. Human Rights Watch (HRW) Brasil calificó el operativo actual como “un desastre” y “una enorme tragedia”, pidiendo a la Fiscalía investigar las circunstancias de cada una de las muertes.
