Redacción / Grupo Cantón
Este acuerdo internacional busca preservar y garantizar el uso sostenible de dos tercios de los océanos, las áreas de alta mar y lecho marino fuera de las jurisdicciones nacionales.
Nueva York.- Tras casi dos décadas de intensas negociaciones, este sábado entró en vigor el Tratado de la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), conocido popularmente como Tratado de Alta Mar. Este acuerdo internacional, jurídicamente vinculante, busca preservar y garantizar el uso sostenible de dos tercios de los océanos —las áreas de alta mar y lecho marino fuera de las jurisdicciones nacionales—, que representan más del 90% del volumen habitable del planeta.
El tratado se activó 120 días después de que al menos 60 países lo ratificaran, un umbral alcanzado en septiembre de 2025. Hasta la fecha de entrada en vigor, 83 naciones lo habían incorporado formalmente a su legislación, incluyendo economías clave como China, Alemania, Japón, Francia y Brasil. La ONU resaltó especialmente el rol de China, dada su relevancia en industrias oceánicas como la pesca, acuicultura, construcción naval y extracción de petróleo y gas marinos; en 2023, Pekín exportó bienes relacionados con el océano por valor de aproximadamente 155.000 millones de dólares.
El presidente francés, Emmanuel Macron, celebró el hito en redes sociales: “Lo conseguimos. Hoy entró en vigor el Tratado de Alta Mar. Fue una tremenda victoria para los océanos, para la vida y para la humanidad”. Añadió que la alta mar “no sería el salvaje oeste abierto a la explotación, sino un espacio de responsabilidad compartida”.
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, lo calificó como un “hito para el océano”. “En un mundo de crisis cada vez más graves (cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación), el acuerdo cubrió una brecha crítica de gobernanza para garantizar un océano sano y productivo para todos”, declaró, instando a avanzar “con celeridad hacia la implementación universal y plena”.
El tratado se basa en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar y establece cuatro pilares fundamentales:
Reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos, en beneficio de toda la humanidad.
Creación de áreas marinas protegidas para salvaguardar hábitats vitales, especies y ecosistemas de fondos marinos.
Evaluación obligatoria del impacto ambiental de actividades en alta mar, considerando efectos como el cambio climático y la acidificación oceánica.
Cooperación internacional y transferencia de tecnología marina, con énfasis en apoyar a países en desarrollo para “nivelar el campo de juego”.
Además, incluye mecanismos de financiación, resolución de disputas y la creación de instituciones como una Conferencia de las Partas (que deberá reunirse antes de enero de 2027), un Organismo Científico y Técnico, y un mecanismo de intercambio de información.
A pesar del avance, potencias como Estados Unidos, India, Reino Unido y Rusia aún no lo han ratificado. Washington firmó y adoptó el texto en 2023, pero la ratificación quedó pendiente tras el cambio de administración.
Este acuerdo representa un avance significativo hacia los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, particularmente la meta de proteger al menos el 30% de los océanos para 2030. Expertos coinciden en que su éxito dependerá ahora de una implementación rápida y universal, con la primera Conferencia de las Partes como paso clave para definir reglas operativas y designar las primeras áreas protegidas.
