Redacción / Grupo Cantón
Las manifestaciones persisten pese a la tregua acordada, con bloqueos en varias carreteras y enfrentamientos al norte de Quito.
Ecuador.- El Gobierno de Ecuador anunció este domingo la suspensión del diálogo con los movimientos indígenas de la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas que se han extendido por varias semanas en el país. Según un comunicado del Ministerio de Gobierno, “no existen condiciones para continuar con el proceso de diálogo” debido a las “pretensiones e imposiciones” de ciertos sectores indígenas, las cuales —según la autoridad— modifican los acuerdos alcanzados y vulneran los compromisos asumidos en encuentros previos.
El Ejecutivo aseguró que los manifestantes no cumplieron con los puntos acordados, como el despeje de las vías y el cese de actos violentos. “El Gobierno no aceptará presiones ni chantajes; actuará con firmeza, dentro del marco de la ley, para garantizar los derechos de la mayoría de los ecuatorianos que quieren vivir en paz”, enfatizó la cartera de Estado. La decisión marca un retroceso en los avances logrados el pasado miércoles, cuando se había pactado una tregua y el inicio de mesas de diálogo.
El ministro del Interior, John Reimberg, había anunciado entonces la suspensión del paro y la reapertura de caminos tras reunirse con representantes de organizaciones indígenas de Imbabura. Sin embargo, al día siguiente, las comunidades rechazaron el acuerdo y declararon que “el paro sigue”, contando con el respaldo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la cual convocó las protestas tras la eliminación del subsidio al diésel y no participó de esas conversaciones.
Pese a los intentos de conciliación, las movilizaciones se mantienen activas. Este domingo continuaban bloqueadas trece carreteras en tres provincias, principalmente en Imbabura, mientras se reportaban enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en comunidades al norte de Quito. Aunque las protestas comenzaron por el alza del diésel, la Conaie amplió sus demandas, incluyendo la reducción del IVA al 12 %, la liberación de los detenidos y su rechazo al referéndum del 16 de noviembre, que propone convocar una Asamblea Constituyente, motivo por el cual el Gobierno ha calificado el paro como de “carácter político”.
