Redacción / Grupo Cantón
Un informe del CDPC revela muertes, torturas y desnutrición extrema en cárceles de Cuba, y exige una respuesta internacional firme.
Mundo.- Al menos 60 personas murieron en cárceles cubanas entre marzo de 2024 y marzo de 2025, según el más reciente informe anual del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), divulgado este viernes.
El documento atribuye 47 decesos a problemas de salud física o mental, agravados por la falta de atención médica oportuna, y siete muertes a violencia física directa contra los reclusos. El resto de los casos permanecen bajo investigación.
El CDPC denunció que “no existe evidencia de investigaciones ni sanciones” por estos fallecimientos y señaló que, en varios casos, las familias no pudieron acceder a los cuerpos ni a informes forenses, lo que constituye —según la organización— una violación a los protocolos internacionales sobre muertes potencialmente ilícitas.
Durante el periodo analizado, el centro registró 1.330 violaciones de derechos humanos, entre ellas 1.045 casos de hostigamiento y represión, 402 por negación de atención médica, 297 por condiciones inadecuadas de vida y 224 por deficiencia alimentaria.
El informe también documenta la persistencia de prácticas como “aislamiento prolongado”, “traslados punitivos” y “trabajo forzoso sin remuneración o bajo amenazas”, además de métodos de tortura conocidos como “la cama turca”, “la bicicleta” y el uso de “shakiras”, grilletes que inmovilizan por completo a los internos.
De las 545 personas identificadas como víctimas, 329 están recluidas por motivos políticos. El informe recoge además 244 denuncias colectivas por daños a comunidades enteras en distintos centros penitenciarios. Entre los afectados hay 41 mujeres, 175 personas afrodescendientes o mestizas, 99 con enfermedades crónicas, 37 con problemas de salud mental y nueve con discapacidades, grupos que el CDPC considera especialmente vulnerables a la violencia y el castigo.
El organismo describió las condiciones materiales de las cárceles cubanas como de “infrahumanidad”, caracterizadas por desnutrición masiva, agua contaminada, hacinamiento extremo y ausencia de atención médica o medicamentos básicos.
Camila Rodríguez, directora del CDPC, advirtió que “la magnitud, sistematicidad y gravedad de los hallazgos confirman una brecha crítica entre los compromisos internacionales asumidos por el Estado cubano y la realidad penitenciaria del país”.
Rodríguez afirmó que “el sistema penitenciario cubano es hoy un espacio de degradación humana y represión política. No se trata de fallas aisladas, sino de una política estructural de castigo y silencio que requiere una respuesta internacional firme”.
El CDPC llamó a la comunidad internacional a mantener una vigilancia activa sobre las cárceles cubanas, exigir la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT) y promover mecanismos independientes de supervisión y rendición de cuentas.
