Redacción / Grupo Cantón
El máximo tribunal bloqueó una de las principales herramientas de la agenda económica y diplomática del presidente de Estados Unidos.
Estados Unidos.- La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este viernes que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles que alteraron el comercio mundial, al considerar que carecían de sustento legal.
Con una votación de seis contra tres, el máximo tribunal —de mayoría conservadora— resolvió que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no faculta al mandatario para imponer aranceles, bloqueando así una de las principales herramientas de su agenda económica y diplomática.
La sentencia se refiere específicamente a los gravámenes presentados como “recíprocos”, aunque deja fuera del fallo a los aplicados a sectores concretos como el automotriz, el acero o el aluminio, que fueron establecidos bajo otros marcos legales.
Trump había recurrido a los aranceles como palanca de presión desde su primer mandato, pero al regresar al poder en enero de 2025 anunció que usaría la IEEPA para imponer tarifas a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos, incluidos México, Canadá y China, bajo argumentos comerciales, migratorios y de combate al narcotráfico.
La Corte fue tajante: si el Congreso hubiera querido otorgar al presidente el poder extraordinario de imponer aranceles mediante la IEEPA, lo habría expresado de manera clara, como sí lo hizo en otras leyes arancelarias. Con ello, confirmó fallos previos de tribunales inferiores que ya habían declarado ilegales esos gravámenes.
Un tribunal comercial había bloqueado en mayo la entrada en vigor de la mayoría de los aranceles, aunque la medida quedó en suspenso mientras el gobierno apelaba. La resolución final ahora deja sin efecto esa estrategia y abre la puerta a posibles reembolsos.
Economistas estimaban que los aranceles generarían billones de dólares en la próxima década. El Penn-Wharton Budget Model calculó que ya se habían recaudado más de 175 mil millones de dólares bajo la IEEPA, monto que podría tener que devolverse tras el fallo.
La decisión refuerza un principio constitucional clave: la facultad de imponer impuestos y aranceles recae en el Congreso, no en el Ejecutivo. Un recordatorio contundente de que, incluso en nombre de la “emergencia”, el poder presidencial tiene límites.
