Redacción/Grupo Cantón
Los aumentos, que oscilan entre 5 y 10 dólares según el formulario, entrarán en vigor el 1 de enero de 2026
Washington.– El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó este jueves un nuevo ajuste automático por inflación en las tarifas de numerosos trámites migratorios que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, apenas seis meses después del fuerte incremento aplicado en julio de 2025.
Los aumentos, que oscilan entre 5 y 10 dólares según el formulario, se aplican en cumplimiento de la ley presupuestaria aprobada en el verano pasado durante el mandato de Donald Trump, que obliga a USCIS a reajustar anualmente sus tarifas según el índice de precios al consumo.
Entre los cambios más destacados:
- Solicitud de asilo (nuevo cobro creado en 2025): de $100 a $110
- Autorización de empleo (EAD, formulario I-765): de $550 a $560
- Solicitud inicial de Estatus de Protección Temporal (TPS): de $500 a $510
- Renovación o registro tardío de TPS: de $275 a $280
Aunque los incrementos parecen pequeños en términos absolutos, organizaciones de defensa de migrantes los califican de “gota que colma el vaso” para poblaciones extremadamente vulnerables.
“Estamos hablando de personas que huyen de la guerra, la persecución o desastres naturales y que muchas veces llegan con lo puesto. Cobrarles $110 solo por pedir asilo o $560 por poder trabajar legalmente es crear una barrera económica que puede costarles la vida”, declaró Marisa Limón, directora adjunta de Hope Border Institute.
Las críticas se intensifican porque USCIS es una de las pocas agencias federales que financia casi la totalidad de su presupuesto (más del 96 %) con las tasas que pagan los propios solicitantes, lo que convierte cualquier aumento en un círculo vicioso: cuanto más suben las tarifas, menos personas de bajos recursos pueden acceder a la protección.
Desde la entrada en vigor del primer gran aumento en julio de 2025, varias ONG han reportado caídas de hasta el 35 % en renovaciones de permisos de trabajo y TPS entre las comunidades más pobres.
Por su parte, USCIS defendió los ajustes argumentando que “son necesarios para mantener las operaciones de la agencia y reducir los tiempos de procesamiento”, y recordó que mantiene exenciones y reducciones de tarifas para casos de extrema necesidad económica.
Sin embargo, los defensores insisten en que el porcentaje de solicitudes aprobadas de exención sigue siendo muy bajo y que el daño ya está hecho: cada nuevo dólar encarece el camino hacia la seguridad para quienes más lo necesitan.
