Redacción/Grupo Cantón
Los servidores públicos o autoridades penitenciarias que faciliten o permitan la comisión de extorsión enfrentarán la pena base de quince a veinticinco años de prisión
Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó, con modificaciones, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 20 de octubre.
En lo general, el dictamen obtuvo la unanimidad de 110 votos a favor. En lo particular se avaló con 95 votos a favor y 12 en contra. Además de crear la nueva ley, la reforma modifica cinco ordenamientos federales para homologar la definición del delito, sus agravantes, conductas vinculadas, sanciones y protocolos de investigación:
- Código Penal Federal
- Código Nacional de Procedimientos Penales
- Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
- Ley Nacional de Extinción de Dominio
- Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
Entre las reservas aceptadas destacan dos:
- Inclusión de perspectiva de género en la atención a víctimas (artículos 3, 33 y 41).
- Agravamiento expreso de la pena cuando la extorsión se cometa mediante cualquier dispositivo o plataforma tecnológica (incluye telefonía, internet, radioelectricidad, medios ópticos o sistemas electromagnéticos).
Las penas se endurecieron respecto a la minuta original: el rango pasa de 15 a 25 años de prisión (antes era de 6 a 15 años). Además, se castigará con 10 a 20 años de cárcel a servidores públicos que omitan denunciar extorsiones de las que tengan conocimiento.
El senador Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, subrayó durante el debate: “La extorsión es una lacra que afecta las actividades económicas de comunidades completas y especialmente vulnera la tranquilidad de las familias. Su expansión se ha potenciado con el uso de tecnologías de la comunicación y en la corrupción que ha permitido que las cárceles se conviertan en centros de operación de este delito”.
La reforma obliga a las fiscalías a crear unidades especializadas con policías, analistas y ministerios públicos capacitados, certificados y evaluados exclusivamente para investigar extorsión. También establece medidas de protección permanentes para víctimas, ofendidos y testigos.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre de 2024 se registraron 10 mil 804 víctimas de extorsión en el país. Actualmente cada estado sanciona el delito de forma distinta, lo que ha generado vacíos de impunidad. Con la nueva ley, la Federación definirá modalidades (telefónica, digital, presencial, etc.) y establecerá penas mínimas y máximas homogéneas en todo el territorio.
Tras su aprobación con cambios, el dictamen fue devuelto a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.
