Ciudad de México.– En 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) cortó de tajo los contratos y convenios con universidades públicas, tras los señalamientos y denuncias en su contra por presunto daño al erario público.
Tan sólo por el probable desvío de recursos públicos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene 13 denuncias en contra de la Sedesol e instituciones de educación superior, luego de detectar un modus operandi de corrupción, en el que la dependencia contrató a universidades que a su vez subcontrataron a empresas fantasma o compañías que simularon haber cumplido con los trabajos.
En los avances de la investigación de este modus operandi, a cargo de la Secretaría de la Función Pública, cuya copia posee Excélsior, la Secretaría de Desarrollo Social advierte que con estos antecedentes, el año pasado ya no signó contratos o convenios con universidades al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El artículo permite a las instituciones educativas subcontratar hasta el 49% del monto total del contrato o convenio adquirido con las dependencias federales, parte legal de la que hubo un abuso y fomentó el millonario daño al erario público.
La Secretaría de la Función Pública precisó en su investigación que la Sedesol otorgó 60 contratos a universidades en el 2013, año en que se detectaron las irregularidades en la dependencia que entonces encabezaba Rosario Robles.
Para 2014, la dependencia otorgó 21 contratos, en el 2015 signó 16 y un año más tarde sólo tres. El año pasado no concedió contratos bajo el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, pero sí convino dos servicios con universidades vía adjudicación directa.
Cabe destacar que la Sedesol es una de las dependencias federales más denunciadas por la Auditoría Superior de la Federación ante la Procuraduría General de la República por este modus operandi.
Las denuncias son contra la Sedesol y siete universidades: la Autónoma del Estado de México, la Autónoma del Estado de Morelos, la Intercultural del Estado de México, la Politécnica de Chiapas, la Tecnológica de Nezahualcóyotl, la Tecnológica del Sur del Estado de México y la Politécnica de Texcoco.
Por ejemplo, en la cuenta pública del 2015 auditada por la ASF se advirtió que la Sedesol contrató por 136 millones 85 mil 226 pesos a la Universidad Técnica del Sur de México para coadyuvar con las actividades de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y la política social de nueva generación, promover la coinversión de recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), verificar la existencia física de obras y asesorar a funcionarios estatales, servicios que no se llevaron a cabo, pero sí se pagaron. Lo mismo pasó con un contrato con la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl por 319 millones 121 mil 103 pesos y uno por 56 millones 505 mil 576 pesos con la Universidad Politécnica de Texcoco.
Ayer, Excélsior dio a conocer que el monto de los convenios y contratos por adjudicaciones directas entre las dependencias federales y entidades públicas disminuyó en 79.3% del 2013 al 2017 luego de que se identificó este modus operandi; en los ilícitos están involucrados 85 funcionarios, de los cuales sólo 15 han sido sancionados.
Fuente/Excelsior
