Redacción/Grupo Cantón
El proyecto de decreto fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su posterior entrada en vigor
Ciudad de México.- La Cámara de Diputados de México aprobó este martes una reforma clave para combatir la extorsión, ratificando los cambios propuestos por el Senado y expidiendo una nueva Ley General en Materia de Extorsión. Esta legislación endurece las penas contra este delito, que podrá ser sancionado con hasta 42 años de prisión, en un esfuerzo por unificar criterios a nivel nacional y reducir la impunidad.
La votación en el pleno resultó en 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención. Tras aprobar los artículos reservados en lo particular, el proyecto de decreto fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su posterior entrada en vigor.
La minuta no solo crea esta nueva ley, sino que también modifica el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Estos cambios buscan fortalecer el marco legal para prevenir, investigar y sancionar la extorsión de manera más efectiva.
Entre las disposiciones principales, la ley establece que quien, sin derecho, obligue a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro, o causando daño patrimonial, moral, físico o psicológico, enfrentará penas de 15 a 25 años de cárcel.
Las sanciones se agravan en casos específicos: se añadirán de 5 a 12 años de prisión si el delito se comete mediante dispositivos electrónicos, como teléfonos, redes sociales o cualquier medio de transmisión de datos, señales o información. Además, si se utilizan armas, instrumentos peligrosos o objetos que simulen armas de fuego, o si el acto afecta directamente la economía de una comunidad, la pena aumentará de 7 a 17 años.
La reforma también contempla penas de 10 a 20 años de prisión para servidores públicos que, teniendo atribuciones en prevención, investigación o persecución de delitos, participen en actos de extorsión.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al cierre de 2024 se registraron 10,804 víctimas de extorsión en el país, lo que subraya la urgencia de esta medida.
La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 20 de octubre pasado, con el objetivo de homogenizar las sanciones en todo México. Actualmente, la extorsión se penaliza de forma diferente en cada estado, lo que ha complicado su persecución y fomentado la impunidad, según argumentó el Ejecutivo.
