Ciudad de México.- Militares en retiro, acompañados de familiares, marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México para exigir mejores condiciones de vida y denunciar que el incremento del 4% a sus percepciones mensuales —recientemente anunciado por el ISSFAM— resulta insuficiente para sus necesidades básicas. Durante la movilización participaron elementos con bastón o muletas y portando pancartas en memoria de personal castrense desaparecido o asesinado.
Al llegar al Zócalo, sin vallas ni restricciones, los manifestantes extendieron sus carteles frente a Palacio Nacional y dieron lectura al pliego petitorio que posteriormente entregaron a la oficialía de partes. En el documento solicitaron la instalación de una “Mesa Nacional de Diálogo” con Sedena, Semar, ISSFAM y representantes de militares retirados, con el fin de atender un conjunto de demandas acumuladas durante años.
Entre sus principales exigencias está un aumento de haberes y pensiones no menor al 10% y, para 2025, un incremento anual que no sea inferior al 6% para compensar la pérdida de poder adquisitivo. También pidieron mejorar los apoyos a militares incapacitados en actos de servicio, quienes actualmente perciben en promedio 7,940 pesos mensuales, cifra que califican como insuficiente para su subsistencia debido a sus limitaciones físicas o mentales.
Los inconformes denunciaron deficiencias graves en el servicio médico del ISSFAM, especialmente desde que la Guardia Nacional quedó bajo control de Sedena. Señalaron retrasos prolongados en la asignación de citas, desabasto de medicamentos —incluidos tratamientos para enfermedades crónico-degenerativas— y procesos burocráticos que retrasan o impiden los reembolsos médicos. Exigieron también atención médica adecuada en hospitales de Sedena y Semar, así como el fin de actos de maltrato o negligencia por parte del personal médico y administrativo.
Además, solicitaron la digitalización de trámites como ayudas de marcha, pasajes y becas; la creación de fuentes de trabajo para militares con discapacidad; créditos hipotecarios para personal retirado; la eliminación de listas de supervivencia y que las familias mantengan el salario íntegro del militar fallecido, actualmente reducido hasta en un 50%.
Otro punto del pliego fue la modificación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que les impide portar armas de su propiedad para ofrecer servicios de seguridad privada, una restricción que, afirman, limita su posibilidad de ejercer un trabajo honesto pese a su experiencia.
Los organizadores aclararon que la movilización “no busca denostar al gobierno actual” y reiteraron su compromiso con la paz, la disciplina y la democracia. Firmaron el documento representantes como los generales Sergio Aponte Polito y Saúl Pascual Álvarez Rubio, los capitanes David Hernández Hernández, Isacc Hernández Luna y Rosalba Paz Villanueva, así como la representante de derechohabientes Rosalba Rojas.
El vocero del movimiento, capitán Eulogio Perdomo Ríos, explicó que el malestar se venía arrastrando desde que Sedena absorbió a la Guardia Nacional, pero que la disciplina había mantenido al personal en silencio. La exclusión inicial del aumento del 4% actuó como detonante, aunque subrayó que el problema central es la atención médica: “Las recetas no se surten; las medicinas para enfermedades degenerativas tampoco se están entregando; las citas de especialidad tardan hasta ocho meses. Estamos viviendo las mismas penumbras que la sociedad civil”.
Para el coronel en retiro Jorge Ríos, la movilización representa “una lucha por la dignidad” encabezada por quienes “entregaron los mejores años de su vida en beneficio de la patria”.