Redacción / Grupo Cantón
Ciudad de México.- El gobierno de México amplió a nivel nacional la alerta sanitaria para contener la diseminación del gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax), una plaga que afecta a todos los animales de sangre caliente y que puede generar pérdidas millonarias, impacto sanitario y riesgos a la salud pública. La medida quedó formalizada en el Diario Oficial de la Federación con la ampliación del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (DINESA).
La decisión se basa en evidencia científica que confirma la presencia del insecto en estados del sur y centro del país, con riesgo de avance hacia zonas ganaderas del norte, cruciales para la exportación. Con esta actualización, las medidas dejan de ser regionales y se convierten en obligatorias en las ocho regiones zoosanitarias, abarcando a las 32 entidades federativas.
El acuerdo establece que propietarios de animales, veterinarios, importadores y cualquier persona que movilice especies susceptibles debe cumplir las disposiciones. Entre ellas destaca la notificación inmediata de cualquier caso de “gusanera”, que podrá reportarse mediante la app AVISE, la línea 800 751 2100 o WhatsApp, preferentemente con fotografía.
También se refuerza el control de movilización: SENASICA podrá instalar puntos de inspección y solicitar baños insecticidas, certificación sanitaria o restricciones de traslado, según la región. En caso de brotes, el personal podrá tomar muestras, aplicar tratamientos, decretar cuarentenas e intervenir predios ganaderos.
Las zonas actualmente afectadas se concentran principalmente en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y el sur de Veracruz (Región 6), así como en Campeche, Yucatán y Quintana Roo (Región 7). En las demás regiones —del norte, occidente y centro del país— se intensifican las medidas preventivas y de vigilancia, desde Baja California y Chihuahua hasta Puebla, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México.
Con esta alerta nacional, la Secretaría de Agricultura busca detener la expansión del parásito, proteger al sector pecuario, evitar pérdidas económicas por muertes y tratamientos, mantener la condición sanitaria y comercial del país y reducir los riesgos a la salud pública.