Dos negocios de Salinas Pliego, bajo investigación / Usaban prestanombres y fichas para simular ingresos ilícitos / Recursos de apuestas eran enviados a paraísos fiscales
Juan R. Hernández / GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- Las investigaciones que derivaron en la clausura de 13 casinos por presunto lavado de dinero “tienen sustento legal y pruebas”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum quien descartó motivaciones políticas. Desde Palacio Nacional, subrayó que estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad nacional para rastrear recursos vinculados al crimen organizado.
Al ser cuestionada sobre los establecimientos ligados a Grupo Salinas, Sheinbaum señaló que no puede pronunciarse sobre casos en curso, pero reiteró que las indagatorias cuentan con respaldo jurídico.
La procuradora fiscal Grisel Galeano detalló que los casinos operaban mediante identidades robadas o prestanombres —jóvenes, amas de casa o jubilados— para mover grandes sumas que luego eran transferidas al extranjero y blanqueadas en paraísos fiscales.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó estructuras financieras complejas y operaciones inusuales en el sector de apuestas, con flujos hacia Rumanía, Suiza y Estados Unidos.
Según la UIF, se identificaron tres patrones: uso intensivo de efectivo, redes que movían dinero extranjero dentro del país y operaciones digitales mediante plataformas no supervisadas, con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos.
Los recursos ilícitos ingresaban a los casinos mediante compras de fichas o pagos simulados, se dispersaban entre empresas fachada y regresaban a los beneficiarios vía cheques o transferencias que aparentaban ingresos legítimos. Parte de la información fue compartida con el Departamento del Tesoro de EU para fortalecer la cooperación internacional.
La Segob, la UIF y Hacienda clausuraron 13 casinos en ocho estados, entre ellos: Ganador Azteca y Operadora Ganadora TV Azteca (Grupo Salinas); Casino Royal Play (Jalisco), Fortuna (Nuevo León), Diamante (Sinaloa), Estrella (Sonora), Platinum (Baja California), Montecarlo (Edomex), Real (Chiapas), Imperio (CDMX), Luxor (Baja California) y Dorado (Nuevo León).
Grupo Salinas calificó el operativo como “persecución de Estado” y anunció acciones legales.
