Redacción / Grupo Cantón
La reforma pretende frenar el acaparamiento y garantizar el derecho humano al agua, especialmente en comunidades rurales e indígenas
Ciudad de México.- Con 328 votos a favor y 131 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General de Aguas, una reforma que plantea un giro de fondo en la política hídrica del país al recuperar la rectoría del Estado, frenar el acaparamiento y garantizar el derecho humano al agua, especialmente en comunidades rurales e indígenas.
De acuerdo con el dictamen presentado por el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, la reforma establece que el agua deja de considerarse una mercancía para ser reconocida como un bien estratégico. Entre los cambios centrales se encuentra que el Estado será la única autoridad facultada para otorgar concesiones, lo que implica la eliminación de la compra, venta o transferencia de títulos entre particulares, prácticas que —según el organismo— propiciaron la concentración de derechos desde 1992.
La ley también contempla la creación del Registro Público de Agua Nacional, la conformación de un Fondo de Reserva de Aguas para comunidades sin acceso y la cancelación de concesiones acaparadas o sin uso. Asimismo, endurece penas por robo de agua y establece regulaciones para obras privadas de captación pluvial que han modificado ciclos hidrológicos.
Preocupación entre productores agrícolas
El sector agrícola, particularmente en el norte del país, manifestó inquietud ante la prohibición de la transmisión privada de concesiones, al señalar que el acceso al agua forma parte del valor comercial de sus tierras. Aunque Conagua aseguró que la herencia y compraventa de predios seguirán permitidas, los productores remarcan que persiste la incertidumbre sobre los nuevos procedimientos y la protección de derechos históricos.
Gobierno rechaza críticas y habla de “campaña de desinformación”
Frente a las objeciones, Morales afirmó que la reforma impulsa “un profundo cambio en la visión del manejo del agua” y permitirá combatir el mercado negro del recurso. Señaló que algunos grupos “ven afectados intereses favorecidos durante muchos años” y acusó la existencia de una “campaña de desinformación”.
La presidenta Claudia Sheinbaum también defendió la aprobación de la ley al señalar que quienes se oponen “tienen muchísimas concesiones de agua”, muchas de ellas sin uso o incluso irregulares. Afirmó que la reforma es necesaria para “poner orden” y garantizar que el agua llegue a quienes más la necesitan.
