Redacción / Grupo Cantón
En el Día Mundial del Agua, el gobierno federal reporta miles de inspecciones y clausuras, mientras la nueva legislación busca frenar abusos, eliminar privilegios y garantizar el acceso equitativo al recurso.
Ciudad de México.- En el marco del Día Mundial del Agua, el gobierno federal puso cifras sobre la mesa: 7,614 inspecciones, más de mil clausuras, 531 millones de pesos pagados a intermediarios, 18 títulos irregulares con adeudos por 234 millones, multas de hasta 3.5 millones y un pasivo nacional de 12 mil millones de pesos.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que con la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, aprobadas en diciembre de 2025, se rompe el esquema de privilegios instaurado desde 1992. Acompañada por Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la mandataria subrayó que la reforma retoma el principio juarista de igualdad ante la ley, al prohibir la transmisión de derechos entre particulares, frenar la mercantilización y reconocer el agua como un derecho humano.
La legislación elimina cambios de uso de concesiones agrícolas sin costo, combate el acaparamiento y fortalece a Conagua contra prácticas ilegales. Además, reconoce sistemas comunitarios en ejidos e indígenas, devolviendo derechos a pequeños productores desplazados por esquemas opacos.
Uno de los avances clave fue la entrega directa de títulos de agua a municipios de Baja California, que durante años pagaron más de 531 millones de pesos a intermediarios.
Ahora administran el recurso sin fines de lucro y priorizan el consumo humano. En su exposición, Morales López exhibió abusos: en Zacatecas, siete títulos se convirtieron en 50 para uso industrial; en Chihuahua, concesiones sin uso bloqueaban a usuarios reales; y en Querétaro, familias acaparaban volúmenes para su venta en pipas.
Entre los beneficiarios y actores señalados destacan la familia Calzada, vinculada al exgobernador José Eduardo Calzada Rovirosa, así como una refresquera “muy famosa” con 18 títulos irregulares. En 2025, la recaudación creció 3,500 millones de pesos.
Las sanciones ahora incluyen clausuras, cancelación de concesiones y prisión por perforaciones ilegales. El trasfondo se remonta al sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando la ley de 1992 disparó las concesiones de 2 mil a más de 550 mil, concentrando el recurso: hoy, el 7% de concesionarios controla el 70% del agua. Con la reforma, el gobierno busca revertir esa desigualdad.
