Roberto Lemus / Grupo Cantón
Tulum.— La venta irregular de predios y desarrollos inmobiliarios continúa generando afectaciones en Quintana Roo; donde autoridades estatales han clausurado al menos 10 proyectos en Tulum por incumplir con la normatividad vigente.
De acuerdo con representantes del sector inmobiliario, el número de posibles víctimas podría alcanzar las mil personas en todo el estado.
En el marco de la primera feria inmobiliaria impulsada por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) sección Tulum, su presidente, Mario San Miguel, advirtió que el problema no es exclusivo del municipio, sino que forma parte de una práctica extendida a nivel nacional.
“Es muy importante mencionar que todos estos desarrollos que no han cumplido con la legalidad están reportados en la página de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable“
La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable ha publicado listados oficiales de desarrollos que carecen de permisos, licencias o autorizaciones ambientales.
Según datos expuestos por funcionarios de la dependencia, únicamente en Tulum se han clausurado alrededor de 10 proyectos recientemente, muchos de los cuales continuaban promocionándose a través de redes sociales y plataformas digitales.
Crecimiento urbano y falta de regulación efectiva
El dirigente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios explicó que, considerando la cantidad de lotes ofrecidos en estos desarrollos, se estima que entre 800 y mil personas podrían estar involucradas en operaciones de riesgo en Quintana Roo.
Las afectaciones incluyen desde pagos anticipados por terrenos sin certeza jurídica hasta contratos de compraventa sobre predios que no cuentan con uso de suelo autorizado.
Especialistas en derecho inmobiliario consultados señalan que Tulum ha sido uno de los municipios con mayor dinamismo en crecimiento urbano durante la última década; crecimiento impulsado por proyectos federales como el Tren Maya y la apertura del Aeropuerto Internacional de Tulum. Este auge ha incrementado el valor del suelo, pero también ha propiciado la aparición de ofertas irregulares.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito de fraude inmobiliario forma parte de las denuncias patrimoniales que han mostrado variaciones en la región. En muchos casos, las víctimas no denuncian por temor a perder su inversión o por desconocimiento del proceso legal.
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Listados oficiales y supervisión
San Miguel subrayó que la autoridad estatal ha intensificado la supervisión y geolocalización de proyectos irregulares para impedir que cambien de nombre y continúen comercializándose.
“Hoy se está haciendo un seguimiento más estricto. Incluso se ubican en mapas para que, aunque les cambien el nombre, puedan identificarse”, indicó.
No obstante, reconoció que la publicación de listados oficiales ocurrió cuando parte del daño ya estaba hecho. Por ello, insistió en la importancia de denunciar ante la Fiscalía y las instancias competentes.
“Las personas físicas o morales que compran propiedades y temen no recuperar su dinero muchas veces no denuncian”
“Yo los invito a hacerlo. Ganan más denunciando que quedándose callados”, afirmó.
La AMPI, organización con más de 70 años de presencia nacional, promueve la certificación de asesores y, en Quintana Roo, la obtención de licencia estatal obligatoria para operar.
, así como revisar permisos municipales, uso de suelo y factibilidad de servicios antes de concRecomienda a inversionistas locales y extranjeros verificar que el asesor cuente con acreditación vigenteretar cualquier operación.
El llamado del sector formal es claro:
- verificar, denunciar y operar únicamente con profesionales autorizados para reducir riesgos y proteger el patrimonio de quienes buscan invertir en el Caribe mexicano.

