Julián Puente
CHETUMAL, Q. Roo
Más de dos mil internos de las cárceles de Quintana Roo que aún no han sido sentenciados, podrían seguir sus procesos penales fuera de las prisiones, al entrar en vigor a nivel nacional el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que contempla medidas más benéficas para los acusados de cometer algún delito.
Eduardo del Valle García, juez de control del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Poder Judicial de Quintana Roo, explicó que el sábado entró en vigor la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, que implicó cambios profundos a 10 artículos, siete de ellos en materia penal, sentando las bases para el tránsito de un modelo inquisitivo a uno acusatorio de justicia penal democrático en México.
Con ello, los imputados podrán hacer válida la presunción de inocencia, y para que los procesados que se encuentran en los centros penitenciarios sin recibir sentencia acusatoria puedan seguir su proceso penal en libertad, siempre y cuando se asegure que éstos no evadirán a la justicia.
“Pudieran obtener su libertad muchos procesados que todavía están con el viejo sistema, dado a que todas las reformas que se hicieron a la constitución y a las distintas leyes van a poder tener plena vigencia en todo el territorio nacional”, dijo.
La medida beneficiará a aquellos acusados de fraude, robo de hidrocarburos, delitos fiscales, lavado de dinero, portación de armas, hurtos no violentos, todos los ilícitos de servidores públicos, falsedades de documentos, de declaración, o delitos menores de droga.
Sin embargo, para que los reos obtengan su libertad provisional, el juez tendrá que analizar el expediente para aprobar o rechazar la solicitud.
Del Valle García hizo notar que en todo momento la autoridad deberá considerar las diversas variantes de las medidas cautelares para que el imputado pueda acogerse a ellas, y procurando que éste no escape a la acción de la justicia.
“Es factible que cada caso sea analizado y se pudiera, como se señala de manera general, aplicar dichas medidas para muchos acusados que están privados de su libertad por procesos que son respecto a delitos que válidamente pudieran alcanzar y obtener su beneficio de libertad, y seguir su proceso disfrutando de la vida”, destacó el juez de control.
De ser aprobada, los inculpados tendrían que cumplir con algunas de estas disposiciones: Portar brazaletes electrónicos para su localización, estar bajo arraigo domiciliario, no salir del país o de una localidad, presentarse periódicamente ante el juez o pagar una fianza.
El nuevo esquema se determina que los únicos delitos que ameritarán prisión preventiva forzosa son los previstos en el Artículo 19 de la Constitución: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas e ilícitos cometidos con armas o explosivos.
Según datos de la Secretaría de Seguridad Publica, actualmente son más de 4 mil internos que se encuentran en las cárceles de Quintana Roo, de los cuales, más del 50% aún está a la espera de recibir una sentencia.
Este nuevo sistema empezó a operar desde hace dos años en la capital del estado, y recientemente en toda la entidad, y desde el sábado entró en vigor a nivel nacional.
