La batalla de Chihuahua

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El tablero político y electoral se mueve de manera inquietante.

El propio jefe formal de las instituciones gubernamentales, Enrique Peña Nieto, ha considerado necesaria su intervención explícita en la Batalla de Chihuahua, para así confrontar los dichos y acciones del gobernador panista Javier Corral Jurado, quien acusó al gobierno de la república de obstruir el flujo presupuestal federal hacia aquella entidad en represalia por el manejo del expediente de corrupción que involucra, a partir de declaraciones ministeriales, a Luis Videgaray Caso, al entonces dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Manlio Fabio Beltrones y, a fin de cuentas, a Los Pinos como centro de mando.

Un enfrentamiento seco entre el eje priista formado por Peña Nieto, Videgaray y Meade y el integrado por Ricardo Anaya y Javier Corral, con acusaciones mutuas de utilizar el instrumental judicial para fines electorales.

Peña Nieto subiéndose al ring, aunque hubiera bastado con las declaraciones ya hechas sobre el tema por un subsecretario de hacienda, y aún a pesar de que el mismo exgobernador del Estado de México consideró, ante reporteros con los que platicó por motivo de Año Nuevo, que la conferencia de prensa antes ofrecida por el gobernador Corral había parecido más un acto político, de tintes electorales.

Corral, por su parte, presentando ante la prensa de la capital del país una denuncia, por el supuesto regateo o condicionamiento politiquero de asignaciones presupuestales federales, no en rigurosos términos de sobriedad republicana, con el gobernador por sí mismo, sino en un formato de apoyos políticos selectivos con aires cercanos al frentismo de Ricardo Anaya, quien libra una reyerta de circunstancias con Los Pinos, todo en el marco ya envenenado de la sucesión presidencial.

El priismo se dice agraviado e incluso asegura que ha sido torturado el exsecretario adjunto a la presidencia del PRI nacional, el coahuilense Alejandro Gutiérrez, que en aquellos momentos, ahora de tanto interés judicial, ejercía el sonorense Beltrones, quien a su vez ha optado por acogerse al recurso de la protección de la justicia federal para no ser detenido, en el contexto del proceso chihuahuense en curso, y para asomarse al expediente respectivo (aunque MFB asegura que esto último fue su objetivo principal).

Tiempos violentos han de ser, para que el altivo y memorioso Manlio Fabio deba solicitar un amparo judicial.

Tiempos violentos en una Chihuahua donde se multiplican los hechos de sangre, atribuidos a disputas relacionadas con el crimen organizado, factor éste también utilizable para maniobras políticas y electorales de diverso calado.

Más allá de las declaraciones, las vehemencias y los movimientos teatrales de los involucrados en este episodio, está el nudo ciego de la lucha seca por la Presidencia de la República.

El PRI ha sido exhibido por el panista Corral a partir de declaraciones que hablan de arreglos delictivos para transferir fondos federales, asignados en un primer paso a Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz, a campañas locales priistas (y mantiene, el mismo corral, la mira puesta sobre el exgobernador César Duarte, hasta ahora protegido por el gobierno peñista).

El golpe alcanza a Beltrones y a Luis Videgaray, directamente, pero también, en cuanto engrane de la continuidad de esas complicidades, al propio (pre)candidato Meade.

El combo PRI-Gobierno, por su parte, considera que todo obedece a una pretensión del panista Javier Corral de favorecer a su actual aliado (antes fueron adversarios), Ricardo Anaya, en el camino rumbo a Los Pinos.

A ese contexto titilante, Miguel Ángel Osorio Chong agrega una sacudida menor: deja Bucareli, según aseguraban ayer diversas voces gubernamentales, para enfilarse a una candidatura priista al Senado, donde tal vez sería el coordinador de la bancada de tres colores.

Al salir de la Secretaría de Gobernación, el hidalguense estará confirmando el triunfo total del grupo con el que sostuvo una larga contienda interna, el formado por Luis Videgaray (al inicio del sexenio en curso, Osorio y Videgaray eran una especie de vicepresidentes, confrontados de cara al futuro), Meade, Aurelio Nuño y Enrique Ochoa Reza.

Osorio Chong ya no era funcional en el cargo que debe coordinar la política interior del país.

Videgaray se convirtió en el virtual vicepresidente único a partir de que tendió alfombra roja al entonces candidato Donald Trump para que utilizara Los Pinos como estación de paso, una especie de plataforma sometida, en su carrera hacia la Casa Blanca.

Mero fantasma fue a partir del destape de Meade, desprovisto de poder operativo y de imán promisorio.

El escaño, aceptado como salida lateral, le permitirá a Osorio Chong, en todo caso, contar con fuero sexenal, que siempre será útil para personajes densos como el hidalguense.

De confirmarse que el sucesor de Osorio Chong será Alfonso Navarrete Prida, el control mexiquense del aparato federal será más evidente.

El actual secretario del trabajo acentuará el trabajo burocrático del exgobernador de Hidalgo, ya sin las licencias de mala retórica que se concedió éste mientras pareció que podría ser candidato presidencial.

Navarrete Prida no ofrece nada distinto a lo visto hasta ahora: una secretaría de gobernación que sobrelleva la creciente conflictividad nacional con declaraciones demagógicas, himnos al estado de derecho y simulaciones operativas.

Peña Nieto ha dicho que podría haber otros cambios en su gabinete y mucho se habla del paso de Vanessa Rubio, de una subsecretaría de hacienda a la Sedesol, para que ella (absolutamente ligada en términos de trabajo a Meade), administre los fondos asistenciales conforme a los planes electorales del PRI.

Y, mientras Peña Nieto trata de sacar a los mexicanos del equívoco tan arraigado de que él no lee, como se dedujo de su famoso tropezón de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, cuando no atinó a nombrar tres textos que hubieran influido en su vida, ¡hasta mañana!