CANCÚN, Quintana Roo.- La prevalencia de la discapacidad en Quintana Roo es del 6%, cifra similar a la media nacional.
Las dificultades para caminar y para ver son las más reportadas entre las personas con discapacidad.
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora el 3 de diciembre, se ha dado a conocer que los principales detonantes de discapacidad en el país son las enfermedades con un 41.3% y la edad avanzada con 33.1%, mientras que el 23.1% de la población con discapacidad de 15 años y más no cuentan con algún nivel de escolaridad.
De acuerdo con cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de la población con discapacidad, 83.3% es derechohabiente o está afiliada a servicios de salud, y las personas con dificultades para ver son las que más asisten a la escuela con 42.4%, entre la población con discapacidad de la población de 3 a 29 años.
El 31.9% (de 15 años y más) participa en actividades económicas, frente a 64.7% de su contraparte sin discapacidad.
En octubre de 1992, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la resolución 47/3, proclamó el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de llamar la atención y movilizar apoyos para aspectos clave relativos a la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad y en el desarrollo.
Para conmemorar esta fecha, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó un panorama sociodemográfico de este sector de la población, a partir de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2014 (Enadid, 2014).
SIN NÚMEROS OFICIALES
De acuerdo con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Harley Sosa Guillen, no hay una cifra real en la entidad del número de personas con discapacidad.
Sin embargo, dijo que la información que se presenta, responde a la recomendación del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU de fomentar la recopilación y difusión de datos y estadísticas que permitan formular y aplicar políticas (Artículo 31 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) y atiende al Objetivo 1 del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, específicamente a la estrategia 1.5 que señala que se deben fomentar acciones para la captación, producción, procesamiento, sistematización y difusión de información estadística para consolidar el Sistema Nacional de Información sobre Discapacidad (DOF, 2014).
La diputada Leslie Hendricks, presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la XV Legislatura, señaló que con el resultado de las reformas en materia de derechos humanos, en México se perciben grandes cambios en instituciones, cuyo objetivo es garantizar el respeto a los derechos de personas con discapacidad; sin embargo, este grupo de población requiere de acciones específicas para garantizar su desarrollo en condiciones de respeto e igualdad de oportunidades.
Asimismo, reconoció que uno de los temas más recurrentes es la necesidad y las posibilidades de crear un organismo especializado en la atención de personas con discapacidad, que cuente con personal capacitado y recursos suficientes para impulsar políticas públicas que busquen el desarrollo pleno de este grupo vulnerable, en igualdad de condiciones.
Destacó que, en entidades como Zacatecas, Baja California Sur y en la Ciudad de México ya está en operaciones el Instituto de Atención a Personas con Discapacidad, e incluso en algunos municipios se cuenta con un instituto dedicado a atender a este sector vulnerable de la población.
“En los congresos de San Luis Potosí y Veracruz, diputados locales ya presentaron iniciativas para crear estos institutos en sus respectivos estados”, precisó.
La idea principal es que no solo se haga un trabajo asistencialista, sino contar con un organismo que garantice el respeto a los derechos y las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad cuenten con oportunidades de empleo, acceso a la
educación, movilidad y accesibilidad a cualquier edificio, entre otras.
Además, se deben considerar reformas y acciones para cuidar que todo el lenguaje que se emplee no implique discriminación hacia las personas con discapacidad.
Saraí Reyes/Quintana Roo Hoy
