Ruiz Esparza se aferra
NAICM, La Pera, tren rápido
Megayacimiento: otro socavón
Es la fórmula de siempre: sortear las crisis con declaraciones y promesas, sacrificar piezas menores, activar controlados mecanismos de “investigación”, preparar dictámenes y tecnicismos a conveniencia, y esperar a que el siguiente escándalo haga olvidar con rapidez el anterior.
Enrique Peña Nieto no ha sido capaz de emitir una opinión en consonancia con el sentir popular, que encuentra signos fuertes de corrupción de altos vuelos en lo sucedido en el libramiento morelense construido hace apenas un poco más de tres meses; por ello, EPN se parapeta tras un recurso de legalismo paralizante: no puede dar opiniones “por anticipado”, esperará a que se indague lo sucedido y, en razón de esas indagatorias, será “separado” el personal directivo que haga falta. Ni un cabello del ocupante de Los Pinos se movió en dirección a donde soplan los aires populares que, así, le hacen a la corrupción lo que el viento a Peña.
El secretario Ruiz Esparza continuó con su insultante rutina de presuntas justificaciones, con el agua y la basura como villanos de temporada. Su mayor gesto justiciero era el previsible y obligado: tumbar al delegado en Morelos y centrar las posibles responsabilidades en ese nivel, de ahí para abajo (el tuitero @LENavarroC escribió: “Paciencia, Prudencia, Valemadrencia, Amigo de Presidencia”).
Ocho años atrás, el ahora exdelegado expiatorio, José Luis Alarcón Ezeta, estaba ocupado en buscar la expansión de la firma de escuelas de idiomas de la que era director general, Harmon Hall, que tenía 125 planteles en todo México y unos 57 mil alumnos (https://goo.gl/a9YGP4 ), y que años atrás había adquirido su padre, Gerardo Alarcón O’Farrill. Alarcón Ezeta llegó a dirigir el centro morelense de la SCT por gestiones del gobernador Graco Ramírez, según declaró el propio secretario Ruiz Esparza a Televisa.
Este delegado, Alarcón Ezeta, y el anterior (Carlos Mateo Aguirre), sin experiencia en el ramo de las comunicaciones y los transportes, han sido señalados como cercanos al equipo de otro “perredista”, Ángel Aguirre Rivero, quien dejó la gubernatura a consecuencia de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
También se ha mencionado que Alarcón Ezeta participó en actividades empresariales junto a Cuauhtémoc Ochoa Fernández, miembro del Partido Verde Ecologista de México, quien fue dirigente de esta organización en Hidalgo y funcionario en la administración estatal de Miguel Ángel Osorio Chong (fue secretario de turismo y secretario de obras públicas); actualmente, Ochoa Fernández está a cargo de una subsecretaría del negocio denominado Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, concesionado al Verde Ecologista.
El entreveramiento de apellidos, empresas, cargos públicos y negocios es una constante en México que genera prosperidad a esas élites y carencias, desgracias y muertes en la población en general. La evidencia constante de que las obras y los servicios se cumplen en condiciones disminuidas y riesgosas, para favorecer la entrega de comisiones corruptas a funcionarios y políticos, va generando, también, una generalizada desconfianza.
Un ejemplo se da en el caso del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, que se construye en una zona lacustre, entre reparos de especialistas y la sospecha de que se trata de uno de los principales negocios de la clase política sexenal. Hay quienes desde ahora tienen fundados temores de que puedan producirse tragedias como la del Paso Exprés en obras como el tren rápido entre la Ciudad de México y Toluca.
Y a lo largo del país se denuncian construcciones mal hechas, evidencias de mala calidad en los materiales usados, diseños peligrosos y sordera de las autoridades. Por ejemplo, los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán, que están en lucha desde hace 5 años para detener la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla en Morelos. También está a cargo de la SCT y está repleta de ilegalidades y corruptelas. En contubernio con Graco Ramírez han deshecho el tejido social de Tepoztlán y disolvieron la Asamblea de Comuneros que no ha dado ningún permiso para la realización de la obra. El 20 de julio habrá una mesa de trabajo pública con la SCT”.
Y, mientras la mirada nacional está atenta a lo que sucede en Morelos, otro socavón ha aparecido. El desmoronamiento de las estructuras ya era conocido como “reformas estratégicas”, entre ellas la relacionada con lo energético. Perdido estaba lo que había. Pero, ahora, se ha conocido un nuevo escamoteo, una especie de premio “escondido”: en aguas someras se ha detectado un importante yacimiento de hidrocarburos. Es el más importante que se haya detectado en años recientes en el Golfo de México.
Los afortunados dueños de esa riqueza son los accionistas de la firma estadunidense Talos Energy, que forma parte del consorcio Sierra Oil & Gas y Premier Oil. En Sierra Oil &Gas tuvo participación accionaria, hasta 2014, Hipólito Gerard Rivero. Él es hermano de Ana Paula, esposa de Carlos Salinas de Gortari, y de Gabriela, esposa de José Antonio González Anaya, actual director general de Petróleos Mexicanos. Según lo que se ha publicado, Hipólito Gerard Rivero ya no tendría nada que ver con la suertuda compañía que se ha sacado la lotería petrolera. Se supone, también, que el concuño González Anaya no ha favorecido los intereses empresariales de Carlos e Hipólito. Puras coincidencias. Hay de socavones a socavones.
Y, en tanto México sigue produciendo episodios de salvajismo, como el degüello de once personas, entre ellas dos menores de edad, en Tizayuca, Hidalgo, mientras se celebraba una fiesta infantil en una carpa colocada frente a un domicilio particular, ¡hasta el próximo lunes, con el secretario de energía de Estados Unidos, Rick Perry, reuniéndose este jueves con su homólogo mexicano, Pedro Joaquín Coldwell, y con Peña Nieto, decididos, según versión oficial, a llevar la relación energética binacional “a otro nivel”!
