México vive una transformación profunda en su vida institucional.
La reforma al Poder Judicial de la Federación marcó un parteaguas al permitir que la ciudadanía eligiera, por primera vez en la historia, a quienes impartirán justicia en el país.
Quintana Roo se convirtió en uno de los estados que se sumaron a este proceso democrático, adhiriéndose a la agenda nacional con el claro mensaje de que el poder pertenece al pueblo.
El pasado primero de junio, la ciudadanía votó para renovar 2,600 cargos federales. Con esta reforma, México consolidó una etapa en la que la legitimidad judicial se fundamenta no sólo en la ley, sino también en el voto popular, y Quintana Roo demostró su compromiso con una justicia abierta y democrática.
Como resultado de ello, a las 00:01 horas del primero de septiembre de 2025, el Congreso del Estado tomó protesta a 119 juzgadores locales, correspondientes a 9 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, 3 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 104 juezas y jueces que integrarán la estructura jurisdiccional, y 3 integrantes del Órgano de Administración Judicial.
Esto constituye una nueva era para el Poder Judicial en Quintana Roo y marca el inicio de una etapa donde la legitimidad y la transparencia se colocan como ejes rectores, reafirmando el compromiso de que la justicia en el estado no responda a intereses particulares, sino a la verdad y a la voluntad popular.
Las nuevas juezas, jueces, magistradas y magistrados asumen su cargo en un momento de profundas transformaciones.
Como lo ha señalado la Gobernadora Mara Lezama, la Cuarta Transformación tiene como brújula la justicia social: un modelo que entiende a la ley no sólo como norma que sanciona, sino como instrumento que protege y acompaña.
La justicia social implica igualdad ante la ley, pero también sensibilidad hacia quienes históricamente han sido excluidos o marginados.
El desafío es claro: garantizar resoluciones con perspectiva social, independencia y ética, en las que cada sentencia tenga la fuerza de transformar vidas y acercar el derecho a quienes más lo necesitan.
Esto abre la puerta a un modelo de justicia más accesible, transparente y confiable.
Cada nombramiento es una apuesta por la imparcialidad, la preparación y el compromiso con los derechos humanos.
Además, la integración equilibrada entre mujeres y hombres refleja un avance en materia de paridad y equidad de género dentro del sistema judicial.
La verdadera medida de este cambio no estará sólo en los discursos ni en las cifras, sino en el impacto tangible que la ciudadanía perciba en su vida cotidiana: juicios más ágiles, resoluciones imparciales y un trato digno en los tribunales.
La confianza ciudadana será el termómetro que defina si esta renovación se convierte en el punto de inflexión que la sociedad quintanarroense espera.
En suma, con la renovación de su Poder Judicial, Quintana Roo inicia una nueva era, donde la justicia deja de ser un ideal abstracto para convertirse en una realidad palpable y cercana para todas y todos.
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