Cuando, en la sociedad moderna, una persona obtiene un excedente en sus ingresos económicos tiende a protegerlo e invertirlo en instituciones que le garantizan seguridad y rendimientos.

Sin embargo, cuando se trata de la riqueza natural, las cosas no siempre se ven de esa manera.

Afortunadamente la legislación mexicana nos ofrece una institución que nos da seguridad para mantener el patrimonio natural que es base de muchas de las actividades humanas.

Se trata de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) cuyo fin es delimitar zonas terrestres y marinas en las que los ambientes naturales no han sido alterados significativamente por la actividad humana y que requieren de ser preservadas y restauradas.

Pero ¿Por qué es relevante cuidar esos ambientes naturales? La respuesta es simple, porque nos conviene.

Los arrecifes y manglares nos proporcionan recursos pesqueros y protección a las playas y a la infraestructura costera ante los embates de las olas.

Las playas de arena blanca y mar turquesa hicieron posible la creación del complejo turístico más grande de América Latina y generador de la mitad de las divisas turísticas de México: Cancún y Riviera Maya.

Las selvas capturan dióxido de carbono, ayudando a reducir el grave problema del cambio climático, y facilitan la recarga de los acuíferos que mantienen con vida a todos los ecosistemas y a los dos millones de habitantes de Quintana Roo, eso sin contar el abasto de agua para los 20 millones de visitantes que se reciben anualmente.

Así, podemos seguir con una lista inmensa de beneficios que nos entrega la naturaleza y que van de lo alimenticio y farmacéutico a la belleza y recreación. Las áreas protegidas son a la riqueza natural, lo que los bancos son a la riqueza monetaria.

Lamentablemente existen muchos mitos en torno a las Áreas Naturales Protegidas.

Ideas preconcebidas que hay en el imaginario colectivo y que, si revisamos la ley en la materia, no son reales.

Esos mitos dificultan el que la sociedad saque el mejor provecho posible de ese instrumento legal tan importante.

Revisemos algunos de ellos.

Es común que se piense que el decreto de un ANP por parte del Presidente de la República o del Gobernador implica la pérdida de la posesión o propiedad de los terrenos implicados.

Aunque es cierto que el gobierno puede expropiar las tierras que queden dentro de un ANP, también lo es que dicha facultad casi no se ha ejercido desde hace unas cuatro décadas.

Por lo general los ejidatarios, posesionarios y propietarios conservan intactos sus derechos de propiedad o posesión.

El ANP simplemente regula lo que se puede o no se puede hacer en esos terrenos y, en su caso, cómo hacerlo.

Algo similar a lo que pasa con la regulación del uso del suelo en las ciudades: algunos terrenos se pueden destinar a lo comercial y otros a son residenciales; en algunas zonas sólo se pueden construir casas de uno o dos pisos y en otras es factible poner un rascacielos.

En ningún caso se pierde la propiedad pero el Estado Mexicano ejerce su facultad constitucional de regular la propiedad.

Mucha gente piensa que las ANP solo sirven para “cuidar animalitos y plantitas” impidiendo u obstaculizando el desarrollo.

Nada menos cierto. Si bien el objetivo central de un ANP es la protección natural, la ley en México le da a esta función un carácter totalmente enfocado en el beneficio social.

Las ANP pueden tener zonas núcleo, en las que sí se restringe el uso de los recursos naturales, pero la mayor parte de las ANP son zonas de amortiguamiento en las que se permite que a los recursos naturales se les dé un aprovechamiento sustentable, un uso tradicional o un uso público.

Además tienen una fuerte orientación a proteger zonas arqueológicas y turísticas, a manejar las cuencas que aportan agua a la gente y a la naturaleza, a mantener las tradiciones y cultura indígenas, a cuidar la infraestructura (carreteras, puentes, líneas de alta tensión, etc.) y a desarrollar el conocimiento científico.

Incluso se facilita el desarrollo de asentamientos humanos que estén dentro del ANP antes de su decreto como pasa con Ciudad del Carmen, Campeche o con Holbox, Quintana Roo.

En entregas posteriores de esta nueva columna de sustentabilidad, iremos revisando casos en los que las ANP han contribuido al bienestar de muchas comunidades y al desarrollo de Quintana Roo