Las organizaciones sin fines de lucro en México tienen un surgimiento, evolución y una interacción hace apenas unos 15 años; esto puede explicarse en tres etapas:
Primera: Luego de la transición en México poscolonial al independiente en 1821, la cuestión más urgente y crucial para el país tenía que ver con su transformación en Estado-Nación. Por lo tanto, dejaron de abordarse otros temas, como el papel de las organizaciones civiles en el panorama político.

Segunda: Los orígenes de la nación mexicana, marcados por un férreo control gubernamental, obstaculizaron el establecimiento y la operación de una democracia participativa, asimismo, el suministro de bienes y servicios públicos efectuados por el gobierno al término de la Revolución Mexicana (1910-1917) legitimó aún más la omnipresencia del Estado en la vida política y retrasó el surgimiento de la sociedad civil.

Tercera: debido al espacio estrecho y marginal dejado a la participación sobre todo hasta mediados de los años ochenta, debían superarse obstáculos culturales y legales para abrir y desarrollar una opción no gubernamental dentro de la sociedad civil.

En este artículo se presentan las tendencias recientes en la situación de las organizaciones civiles en México; al igual que los logros más destacados de su evolución como sector, entre ellos: un cambio en el enfoque prevaleciente de su papel y actividad, sus relaciones con el gobierno, la conciencia pública de la importancia del sector, al igual que la introducción de temas legales y fiscales relacionados con las organizaciones civiles en la agenda nacional mexicana.

Tamaño y presencia de las organizaciones civiles. Las organizaciones civiles han obtenido el reconocimiento creciente de la sociedad civil por el valor colectivo de sus actividades. En primer lugar, como contribuyentes a la consolidación de la gobernabilidad democrática en los años noventa y en fechas recientes como participantes de importancia en el fomento de una mejor gobernabilidad.

En México, la información y los datos organizados relacionados con el número de organizaciones civiles, de sus actividades, de la fuerza laboral que representan, de la eficacia de sus proyectos, por lo menos, un registro de sus esfuerzos de evaluación, son escasos e incompletos.

La información más reciente es proporcionada por tres organizaciones civiles reconocidas que funcionan en una modalidad de red (el Centro Mexicano para la Filantropía, Cemefi; el Foro de Apoyo Mutuo, FAM; y la Fundación Demos; un Centro de Información sobre Organizaciones Civiles, Cedioc), y un organismo gubernamental (el Sistema de Información para las Organizaciones Civiles, SIOS, del Instituto Nacional de Desarrollo Social, Indesol).

En dos trabajos de investigación hechos en 1998 por Demos y FAM, los resultados revelaron que la presencia de las organizaciones civiles en los estados es mínima si se compara con la situación de la Ciudad de México (Brito, 1997). De tres mil 451 organizaciones, en total 52% se ubican en la Ciudad de México y 48% están distribuidas en el resto del país.

En 2001, el SIOS publicó un informe según el cual, de tres mil 846 organizaciones, 31 % tiene su sede en la Ciudad de México y 69 % se localizan en el resto del país.
En 1999, el Cemefi y el Fam aceptaron como válido un intervalo de entre cinco y seis mil organizaciones, pero en 2001, SIOS y Cedioc identificaron tres mil 846 y 10 mil 582 organizaciones respectivamente (Procura, 2001). Las notables diferencias entre estos resultados señalan que en la actualidad no es posible determinar con precisión el número total que operan en México.

Aspectos de la reglamentación de las organizaciones civiles.
Las organizaciones civiles en México pueden registrarse en dos modalidades: Instituciones de Asistencia Privada (IAP) o Asociaciones Civiles (A.C.). Ambas están integradas por personas que comparten un propósito sin fines de lucro y se sujetan a un tratamiento distinto. A pesar de que las dos son las comunes en México. El marco legal que las reglamenta presenta puntos de incertidumbre que impiden realizar una distinción clara de sus características.

Una de las principales diferencias entre ambas modalidades legales consiste en que la supervisión es realizada por autoridades distintas. Las IAP deben estar registradas ante una Junta de Asistencia Privada (JAP) que actúa como intermediario representante entre la IAP y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las A.C. sólo rinden cuentas ante la Secretaría de Hacienda, de este modo gozan de más autonomía, pero están sujetas a un conjunto más riguroso de requisitos para tener acceso a los mismos privilegios fiscales.

Conclusiones:
La transición democrática en México condujo al surgimiento de valiosas oportunidades para solucionar debates que están en el centro de una difícil relación con las organizaciones civiles. Parce que en la actualidad la voluntad de logar la colaboración entre el gobierno y las organizaciones civiles alcanzó un impulso positivo que no había sido posible en décadas anteriores.

La primera señal de este logro se observó durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, cuando el Plan Nacional de Desarrollo 1994-2000 se reconoció oficialmente, por primera vez, que las organizaciones civiles eran elementos importantes para el desarrollo social de México.

Asimismo, se reconoció la necesidad de crear un marco legal adecuado para regir y fomentar las actividades del tercer sector. Sin embargo, en la actualidad, este marco aún no ha sido creado.

En lo que respecta a las tareas pendientes, el proyecto gubernamental debe incluir los siguientes temas:

—Aclaración del régimen fiscal de las organizaciones civiles.
—Consolidación de los esquemas formales de colaboración en los proyectos dentro de los programas del gobierno, entre otros.