Ya es oficial desde el pasado lunes la publicación de la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo, luego de presionar y alzar la voz a lo largo de tres años ciudadanos defensores de los animales.
El logro: dejar fijado la prohibición de realizar corridas de toros, peleas de gallos y entrenamiento para algún tipo de espectáculos, de acuerdo con el artículo 40 de la misma, que marca 12 actividades prohibidas a realizarse.
Esto en defensa de la regulación del trato digno y respetuoso a los animales; de su entorno y de sus derechos esenciales.
¿Con esto se calló el gallinero o sigue más revoloteo?
El tema pendiente ya es pasado, pero el camino apenas comienza, ahora los diputados de la XVI Legislatura iniciarán con incansables reuniones con empresarios dedicados a la crianza de pelea de gallos y tauromaquia.
De nueva cuenta saldrán a relucir desacuerdos, posturas, argumentos banales y de peso que por consiguiente darán al traste con ciertas modificaciones que dicho por los propios diputados locales, entre una cosa y otra podrán tomar meses de discusión y análisis.
¿Qué pasará con las comunidades mayas, entre otras del Estado que dicen que desaparecerán parte de sus tradiciones, de las personas que se dedicaban a la crianza de estos animales y que la entrada en sus bolsillos se verá perjudicada?
Por estos motivos, se establece contar con un Consejo Consultivo para la atención y bienestar de los animales que deberá estar confinados por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, Salud, Educación y Seguridad Publica; asociaciones protectoras y especialistas.
En lo que se legisla esta “caliente” cara de la moneda, la otra y no por menos aspecto importante es que desde ya, los Ayuntamientos sudarán la gota gorda para conformar el reglamento y hasta el momento la llevan suave porque solo tendrán facultad para atender las denuncias de maltrato animal doméstico, se sancionará a quien deje abandonada a su mascota en la vía pública, así como quien cometa robo de las mismas.
Por el momento ya está en debate la polémica que la ley que prohíbe las corridas de toros es violatoria del derecho a la libertad de trabajo, además que pretende aplicarse de manera retroactiva.
En otro orden de cosas exponen que la actividad no afecta a derechos de terceros, ni de la sociedad en general, así como que es incorrecta la afirmación del Congreso del Estado de Quintana Roo, puesto que no se ha demostrado que las corridas de toro generen violencia en la sociedad o transmitan valores negativos porque a este tipo de espectáculo nadie asiste de forma obligada, estos y más argumentos se pondrán una vez más sobre la mesa.
Y para rematar hay que esperar que sucederá el próximo 20 de diciembre donde una empresa de taurinos iba por un espectáculo en la Plaza de Toros de Cancún, el Ayuntamiento está en la postura de no entregar permisos a los empresarios, no obstante, de llevarse a cabo este programa, se rumora que asociaciones civiles recurrirán a las estrategias jurídicas.
Lo cierto es que el tema sigue caliente y para que se enfríe pasará mucho tiempo, pero saque usted sus propias conclusiones, punto y final.