Paola Moreno Córdova / GRUPO CANTÓN
La extorsión es un delito que hiere profundamente a nuestras familias y a la economía. No solo roba dinero, roba tranquilidad. Por eso celebro que nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, haya presentado la reforma constitucional al artículo 73 de nuestra Carta Magna, otorgando al Congreso de la Unión la facultad de expedir una Ley General contra la Extorsión. Esta iniciativa, surge de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, un esfuerzo para homologar sanciones, consolidar protocolos y garantizar atención integral a las víctimas.
En México la extorsión se ha consolidado como uno de los delitos que más lastiman la vida cotidiana. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del INEGI, se registraron 4.9 millones de incidencias en 2023, con una tasa de 5,213 extorsiones por cada 100 mil habitantes. El 85 % se realizó vía telefónica y en 13 % de los casos las víctimas pagaron, generando un negocio criminal que cuesta al país 269,600 millones de pesos anuales, casi el 1 % del PIB.
Frente a esta realidad, la reforma constitucional recién aprobada adquiere un valor histórico. En los próximos 180 días el Congreso de la Unión deberá expedir esta nueva ley, y en Quintana Roo nos tocará armonizar nuestra legislación local. Eso significa revisar nuestro Código Penal, ajustar leyes de seguridad pública y, sobre todo, garantizar presupuesto para que la Fiscalía y la Policía cuenten con las herramientas necesarias.
Nuestro papel como Congreso estatal será ser puente entre la Ley General y la realidad local. No basta con legislar; debemos supervisar que las instituciones cumplan y que las víctimas reciban acompañamiento real. Porque la extorsión no se combate solo con castigos, sino con confianza ciudadana para denunciar y exigir resultados efectivos de las autoridades.
Para un estado turístico como el nuestro, la reforma es doblemente estratégica. Homologar reglas y perseguir de oficio reduce incentivos para el “cobro de piso” y otras modalidades, protege al pequeño y mediano negocio, y da certidumbre a inversionistas y proveedores del sector turístico. Además, un esquema nacional fortalece la coordinación con Federación y municipios, clave en corredores turísticos y logísticos. El sector empresarial lo sabe bien. Restauranteros, hoteleros, taxistas, comerciantes y prestadores de servicios han denunciado que la extorsión encarece operaciones, genera miedo y limita inversiones. Su papel como aliados en la prevención, la denuncia y la coordinación con las autoridades será determinante para que la reforma trascienda del papel a la realidad.
Este no es solo un tema de seguridad, es de justicia social. Que ninguna familia quintanarroense viva bajo el miedo a la extorsión es nuestro compromiso. Con esta reforma damos un paso firme hacia un Quintana Roo más seguro, con leyes claras y una estrategia nacional que respalde a las y los ciudadanos.
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