Un nuevo y patético acto de impunidad se registró el pasado sábado, ahora encabezado por chafiretes del sindicato de taxistas de Isla Mujeres, “Gustavo Díaz Ordaz”, en contra no sólo de socio-conductores de UBER, sino que ahora han arremetido hasta contra los usuarios, a quienes les “aplicaron un escarmiento” por haberse atrevido a solicitar los servicios de la plataforma digital.

Los hechos se registraron en el hotel Grand Paladium Costa Mujeres, allí, un par de turistas nacionales solicitaron el servicio de dos unidades de UBER. Cuando el personal del hotel les hizo saber a los taxistas del sindicato lo que estaba ocurriendo, es decir, cuando las unidades llegaron a recoger a los turistas, los sindicalizados llegaron en varias unidades, cerraron el paso de los socio-conductores de la plataforma y pretendieron agredirlos.

Los socio-conductores regresaron al interior del hotel; ahí, los turistas hablaron con los empleados para pedirles ayuda. La respuesta fue: “no debieron pedir el servicio de UBER, ahora cancelen el servicio y arréglense con los taxistas del sindicato. Otros socio-conductores fueron alertados de lo que estaba ocurriendo, por lo que llamaron al 911 para solicitar ayuda; la despachadora les dijo que estaba en camino la unidad 6040, pero ésta, nunca llegó.

Los choferes de UBER que acudieron al llamado estaban aprisionados en el interior del hotel, pues era obvio que no los iban a dejar salir y que los estaban esperando para aplicarles un “escarmiento”, ello es una flagrante Privación Ilegal de la libertad y es un delito grave. Los de UBER sólo lograron salir de allí ilesos, gracias a que una unidad de la Policía Militar con número 1665367, sí respondió al llamado y escoltó a los de la plataforma para que lograran salir. Los militares aclararon que quien tendría que responder sería la Policía, pero, debemos insistir, nunca llegaron.

El Código Penal Federal establece en su artículo 366.- “Al que prive de la libertad a otro se le aplicará 1. De quince a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días multa si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: b) detener en calidad de rehén a una persona y amenazarla con privarla de la vida o con causarle daño, para que la autoridad o un particular realice o deje de realizar un acto cualquiera o, c) Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a cualquiera otra”. Aún más, en la fracción “II”, el Código es aún más específico respecto de la violencia o que el delito lo cometan dos o más personas.

Pero además, en Quintana Roo, seguimos presas de particulares o asociaciones (sindicales en este caso), quienes se toman atribuciones que no les corresponden, es decir, toman las atribuciones que, en todo caso competen al Instituto del Transporte de Quintana Roo, para detener, amedrentar, amenazar o restringir la circulación de los socios-conductores de UBER y más grave aún, tomar represalias en contra de los usuarios quienes solicitan el servicio a través de la plataforma electrónica.

Este delito, también está considerado en el Código Penal Federal. “Artículo 402.- El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años”.

El hecho es que, dos horas después del llamado que hace un ciudadano, no había llegado la policía, cuando en otros estados como Yucatán, ocupan no más de 20 minutos para atender el llamado, desde luego, la complicidad hace muy tardado el arribo o mejor ni se aparecen, pues estos taxistas están investidos con tal impunidad, que me hace corroborar que no pudieron haber escogido mejor personaje para bautizar a su sindicato, un ex presidente de la República responsable de una de las matanzas más infames de la historia Universal, la del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

Los turistas, a quienes se les escucha hablar en el video que está registrado https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2717051691640935&id=100000083933235, tuvieron que cancelar su visita a Plaza las Américas, debido a que los chafiretes la tomaron contra ellos y pretendieron hacerles pagar dos o tres veces el monto que regularmente cobran por haber hecho uso de la plataforma digital.

Quintana Roo es la única entidad donde los taxistas “son la ley” y delinquen a placer, es este un tema que no hemos logrado regular y del que padecemos ciudadanos y hasta los visitantes. Si como sociedad somos capaces de soportar estos excesos, debiéramos preguntarnos si estamos dispuestos a que los turistas padezcan por estos “numeritos”, del todo patéticos que hoy por hoy nos caracterizan.

Buongiorno.