He aquí navegando en las aguas legislativas, en donde no todos los diputados trabajan por las fiestas decembrinas, pero la Diputación Permanente que encabeza Eduardo Martínez Arcila, navega a todo vapor para desahogar su agenda, verbigracia la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos que preside Mayuli Martínez Simón, y la Comisión de Derechos Humanos que dirige Eugenia Solís Salazar.

Y es que dieron salida a dos bolas calientes: La elección unánime de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, tras recibir las binas propuestas por el Ejecutivo.

Los diputados eligieron a tres hombres y a dos mujeres como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, luego de un proceso calificado en la décima legislatura como abierto y transparente, en el que se inscribieron 75 profesionales del derecho de todos los municipios de Quintana Roo.

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado es un órgano público autónomo que formará parte del Sistema Estatal Anticorrupción y se encargará de dirimir las controversias entre la  Administración Pública estatal y municipales, y los entes particulares, así como de fincar responsabilidades por afectaciones a la Hacienda pública en sus dos ámbitos, o el patrimonio público de los niveles de gobierno.

Fueron electos 5 los magistrados: Alfredo Cuéllar Labarthe, Antonio Sánchez Urrutia, Fernando Gama Rodríguez,  Isabel Cecilia González Glennie y Mónica de los Ángeles Valencia.

Todo indica que el titular del Poder Ejecutivo al integrar las binas ipso facto congeló a los enlistados de la corrupción y la delincuencia política que intentaron infiltrarse al Tribunal de Justicia Administrativa; la Comisión Permanente puso la lápida marina a 5 más y encapsuló a los 5 designados.

Al tiempo que los diputados de la Comisión Permanente aprobaron y difundieron la esperada convocatoria para renovar la presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, con lo que todo indica que terminará una era priista de titulares a modo que privilegiaron la impunidad de las autoridades gubernamentales en los  ámbitos estatal y municipal, en perjuicio del ciudadano quintanarroense.

Empero, al parecer faltaron candados para que no pasen emisarios del pasado.

Destacan entre los cambios los requisitos para ser ombudsman, contar con cédula profesional con antigüedad de 5 años, así como experiencia en materia de derechos humanos.

“Y como su principal labor es defender a la ciudadanía de los atropellos que llegara a cometer el gobierno, es indispensable que no haya sido secretario, director general, fiscal, senador, diputado federal o local, presidente municipal, hasta un año de la designación”, precisó la legisladora Eugenia Solís.

De la bola marina: No hay impedimento para los subsecretarios; por aquello que Joaquín González Castro, emisario del pasado, el mismo que contaminó en lugar de conciliar entre los periodistas la conflictiva Ley de Protección a Periodistas (hoy inexistente); y sólo se dedica a sus asuntos político electorales en Cancún; a decir de los caballitos de mar, sueña con hacerse de la Comisión de los Derechos Humanos. ¿Estarán apartándole la jugosa posición?

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