Ante el anuncio de que tres mil elementos de la Policía Militar comenzarán a actuar en Cancún a partir de este mes de octubre, debemos preguntarnos si será un castigo.
Baste revisar los resultados en las entidades federativas, donde los militares se han “hecho cargo” de la seguridad.
O, en su lugar, el número de desaparecidos por los que hoy tienen que responder la Semar (Secretaría de Marina) y la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional).
¿Quiénes son esos policías militares? ¿Quién estará al mando? Y quién esté al mando de estos policías, ¿a quién responderá directamente? Porque, definitivo, no lo hará ante un civil como Rodolfo del Ángel,o quién sea que nombren a cargo de la seguridad pública del municipio.
Los militares no saben recibir órdenes de civiles. Punto.
¿Cuál será la estrategia bajo la que actuarán? ¿Quiénes, en qué oficina lejos de Cancún la diseñarán?
Básicamente, además de cuestionar su supuesta eficiencia en el combate a la delincuencia, habrá que imaginar de qué tamaño será su poder. ¿Estarán por encima de las policías locales, como es obvio? ¿Cuáles serán las consecuencias de esto?
Y para nosotros, para los ciudadanos de a pie, para quienes somos víctimas de la violencia, qué nos espera. ¿Podremos ser detenidos en cualquier esquina porque así lo decidieron los policías militares? No hay suficientes elementos para asumir que se comportarán de acuerdo al respeto a los derechos humanos ni a las leyes vigentes. Ellos están entrenados para ganar un combate.
Cualquiera que tenga “cara de criminal”, podrá ser víctima de las decisiones de estos policías.
Es cierto que el número de muertes violentas, de asesinatos, de ejecuciones que padecemos ya rebasó cualquier calificativo, que vivimos con miedo; pero la pregunta es si la actuación de tres mil policías militares va a ser una solución. ¿Y la policía municipal que ha fracasado en todo, si no es que ha trabajado al servicio de los criminales? ¿Y la policía federal, qué va a hacer?
¿Alguien puede imaginar cómo serán las reuniones dónde se decidirán las acciones a seguir, un verdadero aquelarre entre mandos civiles y militares? ¿Qué papel jugarán los jefes de Zona y Región Militar, ante un jefe que va a reportar directamente con el titular de la Sedena?
Todo indica, ver lo que sucedió en Tamaulipas donde la Semar tiene que responder ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) por la desaparición, presunta muerte, de más de 10 civiles que fueron “levantados” en sus casas.
Ver el caso Tlatlaya que ha vuelto a abrirse en la PGR, donde hay evidencias de que militares “ejecutaron” a civiles.
Todo indica que puede salirnos más caro el caldo que las albóndigas…
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