Un enorme fraude fue el que se detectó en la Secretaría de Salud de Quintana Roo, donde durante las últimas dos administraciones estatales los empleados sufrieron grave quebranto económico y en muchos casos perdieron su patrimonio por deudas impagables con entidades financieras.
Resulta que durante los últimos diez años trabajadores del sector salud obtuvieron créditos de diferentes financieras, pero a la hora de los pagos se les hacía el descuento correspondiente y su deuda no disminuía.

Muchos terminaron pagando hasta cuatro veces más del monto original del crédito, además de ser objeto de acoso escolar intimidaciones de parte de sus acreedores.

Gran parte de los trabajadores de la Secretaría de Salud fueron afectados, se estima que el 70 por ciento de los tres mil cien trabajadores tuvieron este tipo de problemas, es decir, más de dos mil cien padres y madres de familia sufrieron cobros excesivos de este tipo de empresas.

Cómo es posible que los gobiernos estatales hayan permitido este atropello a los derechos de los trabajadores durante más de una década (entre los sexenios de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo) una muestra más del desprecio y desamparo hacia la clase trabajadora de ambos gobernantes.
Cada vez aflora más del cochinero que se tenía en casi todas las dependencias estatales. Ahora, el sindicato de Sesa informa que canceló los convenios con 22 empresas financieras que ofrecían préstamos a los trabajadores del sector salud, entre ellas Total Crédit, Independencia, Crédito Maestro, Crecicuentas, Patronato del Ahorro, Crediméxico y Credifácil, entre otras.

El líder del sindicato de Sesa dijo que las empresas incurrieron en graves abusos a los trabajadores, como ocultarles los informes de sus pagos y negarles el acceso a sus expedientes e historiales de pago.

Se pidió el apoyo de la administración de la Secretaría de Salud para verificar el estatus de cada trabajador, y se confirmó que efectivamente había personas que habían terminado de pagar sus deudas y las financieras les seguían cobrando.

Ahora habrá que ver en qué acaba la investigación pertinente pues se afectó el patrimonio de decenas de familias quintanarroenses que cuentan con un sueldo austero y que vieron en un crédito la posibilidad de solventarse.