En la fase final de su gobierno al frente de Quintana Roo, cuestionado por manejos irregulares en las finanzas, Roberto Borge dejó un saldo no aclarado de anomalías financieras y administrativas que involucran miles de millones de pesos saqueados al estado. Borgistas
Los rubros donde se afectaron negativamente los programas por la tergiversación del manejo de los recursos van desde las escuelas de tiempo completo, hasta la educación tecnológica, la infraestructura social, la seguridad pública, la procuración de justicia y la promoción del turismo, entre otros.
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Durante el mandato de Roberto Borge ocurrieron desalojos en hoteles para quitarles sus pertenencias a los empresarios, particulares y a ejidatarios, con el argumento de que todo era legal.
Claro, todo puede ser legal cuando mandas a hacer las leyes con tus compadres funcionarios.
Luego de quitarles sus pertenencias, éstas eran vendidas a mitad del precio.
Sin embargo, los dueños no conocían de ningún juicio por lo que no podían probar que estuvieran al tanto y menos defenderse, puesto que las demandas las registraban contra las compañías con domicilios inexistentes y las notificaciones supuestamente nunca llegaban.
Al inicio de su mandato en 2011, el exgobernador arrancó con mil 555 proveedores, y uno de los vendedores era su hermana Cecilia Borge Angulo, además, en 2012 aparece otro contrato a su nombre.
Aunque el documento de transparencia no detalla qué tipo de servicio proporcionó, la hermana del ex mandatario tiene registro de una empresa de hoteles y moteles en el municipio de Cozumel.
La administración de Borge, que además dejará una de deuda pública de 22 mil millones de pesos, una de las más elevadas si se revisa a nivel per cápita, según la Secretaría de Hacienda, arrastra irregularidades no aclaradas desde el inicio de su gestión.
Tan sólo de la cuenta pública 2013 las irregularidades reportadas ascendían a mil 500 millones de pesos.
En tanto, la respuesta del paradero de ese dinero está en al menos 86 ex funcionarios quintanarroenses que ya son investigados por la PGR y la Fiscalía General del Estado, cinco ya se encuentran puestos a disposición, se espera que la FGE recupere los miles de millones de pesos saqueados a Quintana Roo por el borgismo.
Si bien es cierto que las condenas, aunque severas, no resuelven por sí solas el problema, en ocasiones es preciso que los malhechores sientan todo el peso de la ley, más allá de la vergüenza ante la familia y la sociedad, pues las afectaciones económicas no solo laceraron al Estado, sino al bolsillo de la población.