El efecto acumulativo de rigurosas regulaciones en trámites gubernamentales, tiene un impacto directo en la competitividad que presenta un determinado país a nivel internacional. Ésta problemática es un obstáculo para muchas naciones, incluyendo México.
Quiero reconocer que hemos avanzado significativamente en la generación de normas claras, trámites y servicios simplificados.
Desde 2009, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), ha realizado ejercicios para medir el costo económico que representan los trámites y servicios del gobierno federal como proporción del PIB.
Dichos estudios demostraron que al inicio de la presente administración el costo económico de los trámites y servicios federales representaba el 4.3% del PIB nacional. Sin embargo, como resultado de las acciones implementadas, se logró reducir el costo de la regulación federal en tan solo 18 meses en más de 265 mil millones de pesos, y hoy los costos representan el 2.5% del PIB nacional.
Según la OCDE, de los 39 países que han mostrado avances en materia de mejora regulatoria, México se ha destacado por ser uno de los líderes del grupo. Adicionalmente, instituciones como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han reconocido nuestras prácticas y programas como los mejores del mundo.
Hemos prosperado, según el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria; el avance promedio de la política de mejora regulatoria a nivel nacional es de 35.3% y hay estados que se encuentran por encima de este promedio, sin embargo, aún existen 14 entidades federativas que se encuentran por debajo del mismo.
Recientemente, tuve el honor de ser designada como secretaria de las Comisiones de Economía, Comercio y Competitividad, así como la de Economía Social y Fomento del Cooperativismo en la Cámara de Diputados, lo que estoy segura me ayudará a impulsar las metas que deben ser alcanzadas para perfeccionar nuestro marco regulatorio.
Dado que ambas comisiones tratan este tema, considero que es responsabilidad de todos los que la conformamos, indistintamente de nuestras trincheras políticas, el consolidar la implementación del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, y continuar promoviendo acciones que beneficien a todos los ciudadanos.