Como parte de su estrategia para reactivar la economía, el gobierno anunció grandes proyectos de infraestructura, los cuales han sido fuertemente cuestionados. El principal problema radica en la gran dotación de recursos presupuestales, sin contar, como lo establece la ley, con los correspondientes estudios de factibilidad para autorizarlos: ese es el caso del Tren Maya.

Según datos oficiales, el tren recorrerá 15 estaciones en 1,525 km, uniendo a cinco estados del Sureste mexicano (Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo). Su principal objetivo será impulsar el desarrollo socioeconómico a partir del potencial turístico de la región, así como la creación de polos de desarrollo a lo largo de dicho tramo.

Para ello, se tienen registrados en cartera sólo dos estudios de pre-inversión: 124.6 mdp para la construcción de la vía ferroviaria y 62.3 mdp para el desarrollo de polos de desarrollo. La ficha técnica menciona que para determinar la factibilidad del proyecto se tendrá que contar primeramente con diversos estudios, por lo que, hasta no concluir esta etapa, no sabremos si en realidad valió la pena haber destinado los 6 mil mdp para el proyecto en el presupuesto 2019.

Ahora, importantísimo será conocer la rentabilidad del proyecto para los posibles concesionarios. Los costos por kilómetro de construcción férrea varían dependiendo de la complejidad del sistema empleado, pero en el caso de la reparación de vías existentes, podría alcanzar los 30 mdp por kilómetro. Con esto, concluyo que el Tren costaría más de 63 mil mdp y, por tanto, sin la participación del sector privado, sería imposible de financiar.