Sin duda, las malas decisiones tomadas por el Gobierno federal sobre el proyecto de la nueva refinería Dos Bocas, continúan sorprendiéndome y decepcionándome. El adjudicar un contrato de estas dimensiones, a través de una invitación restringida y no por una licitación pública, no sólo va en contra de las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, sino que, además, es mucho más costoso, menos eficiente y merma la competitividad.

En primer lugar, supuestamente eligieron a las cuatro mejores empresas del mundo para participar en este proceso restringido; sin embargo, después del anuncio, distintos medios de comunicación revelaron que estos consorcios ya habían estado ligados a casos de corrupción en el sector energético.

Aunque parezca increíble, la contestación que dio la secretaria de Energía, Rocío Nahle, es que nadie en la industria energética se escapa de corrupción; esto, en lugar de reconocer que el mecanismo que inhibe este tipo de prácticas es precisamente una licitación pública y transparente.

El artículo 78 de la Ley de Petróleos Mexicanos establece las hipótesis legales para exceptuar a Pemex de la obligación de llevar a cabo un concurso abierto; desafortunadamente, ninguno de los supuestos enmarcados en la misma parece encajar con las razones expuestas por los funcionarios. Por tanto, tendríamos que tener a la vista el dictamen de excepción, para poder así entender las razones que los llevaron a tomar esta delicada decisión.

Como podemos observar, las decisiones tomadas son equivocadas y van en contra de las recomendaciones internacionales. La Cofece y la OCDE, por ejemplo, han establecido que la competencia efectiva solo puede mejorar si existe un número suficiente de licitadores con credibilidad y si los funcionarios a cargo de la licitación no limitan injustificadamente la competencia, algo que, como expliqué anteriormente, ya está sucediendo.

Ante una decisión sin fundamentos, la única opción que tenemos es exigir transparencia y que haya beneficios tangibles para mis paisanos; por ello, como economista, pero especialmente como tabasqueña, hago un exhorto a las autoridades para que el discurso de un ataque frontal a la corrupción y opacidad no sea sólo demagogia, sino una realidad.