A partir de que el gobierno electo anunció el futuro del NAIM, las consecuencias económicas ya están a la vista de todos: se vivió la depreciación más fuerte de nuestra moneda desde 2016, el dólar superó los 20 pesos.

También vimos un desplome de la Bolsa Mexicana de Valores equivalente a más de 18 mil millones de dólares en valor de capitalización bursátil y, lo que es irónico, uno de los argumentos a favor de Santa Lucía es que reduciría los costos de inversión; sin embargo, esta caída representó 32% más de los 13 mil 300 millones de dólares que hubiera costado el NAIM.

López Obrador señaló enérgicamente que llegó la hora de que la democracia someta a los mercados financieros. Desafortunadamente, la economía internacional no funciona así; Morgan Stanley redujo el grado de inversión sobre activos mexicanos, Moody’s respondió a los resultados de la consulta bajando la calificación de los bonos de carbono a una perspectiva negativa, ya que el proyecto alternativo no puede asegurar la fuente de ingresos pronosticada.

Además, el banco de inversión suizo UBS advirtió que el gobierno entrante podría utilizar este tipo de ejercicios como una práctica común para la toma de decisiones tan relevantes como la extensión de facultades de Banxico y el uso de las reservas internacionales para saldar la deuda, hasta la prolongación de su mandato por más de seis años.

Yo quisiera insistir, una vez más, en la importancia de la consulta popular, pero siempre y cuando se siga el procedimiento establecido en nuestra constitución.

Recientemente, los legisladores de Morena aprobaron un dictamen en sentido negativo de la Cuenta Pública 2016; de nuevo, ven un juego político en los asuntos técnicos y económicos del país. Quieren ocultar tras un dictamen que solo es un copy-paste de las fichas de la Auditoría, decisiones tan preocupantes como las de la cancelación del NAIM.

La estabilidad económica de este país no es un juego y se ha construido a lo largo de décadas, pero destruirla será más rápido de lo que imaginamos, quizás será la primera vez en la historia que veamos un presidente que pudo recibir un país con crecimiento e inversiones y, ahora sí, lo recibirá en bancarrota.